Transparencia Venezuela, 3 de junio de 2022.- Poco quedó de la rendición de cuentas que Elvis Amoroso, contralor general de la República impuesto por la cuestionada Constituyente, hizo ante la Asamblea Nacional hace un par de meses. Más allá de las amenazas a Juan Guaidó y al sector privado- específicamente contra los comerciantes, que ni son objeto de su competencia- Amoroso ofreció solo pinceladas sobre lo que hizo su despacho por la lucha contra la corrupción en Venezuela durante el 2021.
Así, Elvis Amoroso informó a los diputados que el año pasado sus subalternos en la Contraloría General de la República (CGR) realizaron 7.055 inspecciones directas a empresas, organismos públicos y obras en ejecución.
Según el contralor general Elvis Amoroso su despacho hizo también 21.540 actuaciones fiscales (auditorías y otros procedimientos) y analizó 234.979 declaraciones juradas de patrimonio presentadas por funcionarios públicos.
Las cifras altas siguieron. Informó que en 2021 la Contraloría General de la República inhabilitó a 179 personas, impuso 472 multas y aplicó 235 reparos.
Pero, ¿qué sabemos de esos números que dio el Contralor Elvis Amoroso? Muy Poco.
Amoroso, asi como no dio detalles de la lucha contra la corrupción, no dio detalles sobre a quienes impidió ejercer cargos públicos, ni tampoco reveló el monto de las sanciones económicas a esos funcionarios infractores. Tampoco dijo, al menos, si esas sanciones se habían ejecutado.
De la misma manera, el contralor general obvió precisar si la CGR había solicitado al Ministerio Público la apertura de alguna averiguación contra algún funcionario público venezolano por irregularidades en el ejercicio del cargo.}
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En su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso inició su intervención sobre la lucha contra la corrupción en Venezuela diciendo:
“(…) cualquier funcionario que se niegue a rendir cuentas algo esconde, algo teme, porque lo ideal, lo justo y lo correcto es que se presente ante la Asamblea Nacional o ante la instancia que le corresponde, porque el control previo es lo que verdaderamente garantiza el combate contra los hechos de corrupción”
Y luego el contralor general denunció:
“(…) hay algunos directores que se niegan a rendir cuentas y que piensan que una investigación de la Contraloría es una retaliación contra ellos, cuando no es así. Todo lo contrario, (lo que se busca con estas actuaciones) es alertarle al ministro y al presidente de la institución para que puedan evitar que ocurra un hecho irregular”.
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Pese a la gravedad del señalamiento el contralor Elvis Amoroso tampoco ofreció detalles. No dijo dónde su despacho se topó con obstáculos para cumplir con su tarea de control, ni mucho menos qué medidas adoptó para corregir esta situación y evitar que se repita en el futuro. Nada de nada.
La Contraloria ignoró la lucha contra la corrupción y se enfocó en Juan Guaidó y los comerciantes
“La Contraloría tiene ya adelantada, casi culminada la investigación sobre lo que ocurrió aquí en el Parlamento Nacional. Hoy el pueblo de Venezuela puede ver como este Palacio fue restaurado, como fueron restauradas sus oficinas. Esa anterior junta directiva que estuvo encabezada por Juan Guaidó se robó hasta los cables, desmantelaron toda la Asamblea Nacional (…) Se robaron el dinero, se cogieron el dinero de los trabajadores de esta Asamblea Nacional, aparte de desmantelarla, se robaron obras de arte que desde el tiempo de Guzmán Blanco estaban en este bello palacio”, denunció Elvis Amoroso ante el Parlamento venezolano, el pasado mes de abril.
Sobre este tema sí dio detalles.
Amoroso informó que acudiría al Ministerio Público para solicitar una nueva averiguación contra Juan Guiadó. Sería la investigación número 27 de la Fiscalía contra el opositor.
Esto se suma al anuncio que a principios de año hiciera Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al propio Ministerio Público para que actuara de manera “implacable” contra su adversario, tal como lo reseñó Suprema Injusticia en su momento.
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Pero si lo anterior no fuera suficiente, Elvis Amoroso acusó a Juan Guaidó de dirigir una “banda de criminales” que han despojado a la República de activos internacionales como Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (Pdvsa); o Monómeros en Colombia. Y sin presentar ninguna prueba en el hemiciclo afirmó que el opositor, así como Leopoldo López, se han hecho con mansiones en París, Madrid y Fort Lauderlade.
La celeridad de las averiguaciones de la Contraloría General de la República contra Juan Guaidó contrasta con el silencio que ese organismo ha guardado respecto a otros sonados escándalos, tales como el de los sobornos que Odebrecht habría pagado en Venezuela para hacerse con mil millonarios contratos durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
Un detalle no menor es que el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en los últimos años vivió tiempos turbulentos. En 2017 un grupo de oficialistas lo asaltó y resultaron heridos cinco diputados, mientras que desde finales de ese año esa sede también acogió a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, por lo que, en la práctica, “convivían” los dos parlamentos.
¿Puede el contralor general actuar contra los comerciantes?
El contralor Elvis Amoroso, impuesto por la cuestionada Constituyente, también amenazó con imponer sanciones al sector privado, en particular a los comerciantes que vienen utilizando una tasa distinta a la marcada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para fijar el precio de sus productos.
“No se crean que porque no son parte de una institución del Estado no se les puede aplicar una sanción, la Constitución establece claramente el daño al patrimonio nacional y ustedes le están ocasionando un daño al patrimonio nacional. No se van a hacer ricos nuevamente ni van a desestabilizar a la patria de Bolívar que va por buen camino y todos los indicadores macroeconómicos dicen que vamos bien”, dijo, al tiempo que les advirtió: “¡Pónganse las pilas”!
La Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 2 de su ley, tiene por misión: “El control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos”.
La Ley que rige a la Contraloría General de Venezuela no le da competencia a este organismo competencias para actuar contra posibles distorsiones en el mercado, una tarea que es de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde).