“Redactar una nueva Constitución”. Esa es la principal tarea que el artículo 347 de la Carta Magna le da a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la actual impulsada por el presidente Nicolás Maduro ha pasado su primer año removiendo o ratificando funcionarios, convocando elecciones, redactando leyes y cualquier otra cosa menos lo que le ordena la norma citada.
En estos doce meses que han transcurrido desde su elección, en los cuestionados comicios del 30 de julio de 2017, la instancia no ha aclarado si sus intenciones son modificar el actual texto fundamental o sustituirlo totalmente y cuáles serían las diferencias con el vigente. Y por si fuera poco desde el chavismo se han enviado mensajes contradictorios.
Por un lado, el mandatario dijo, a los días de la instalación del órgano, el cual no es reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá ni buena parte de América Latina ni de la Unión Europea, que su objetivo debía ser perfeccionar la norma vigente, porque “mi proyecto de Constitución para la República Bolivariana de Venezuela, es el proyecto que aprobamos en 1999, ese es mi proyecto, ese es nuestro proyecto, perfeccionar la Constitución pionera de 1999”.
Sin embargo, la primera presidenta de la cuestionada Constituyente y actual vicepresidenta Ejecutivo, Delcy Rodríguez, días después aseguró que “la nueva Constitución será sometida a referendo”.
Sea como sea de los 86 actos que hasta ahora ha adoptado el organismo, muy pocos tiene que ver con la Carta Magna, según los registros llevados por Transparencia Venezuela.
Entre el 4 de agosto de 2017 y el 11 de julio de 2018, la Constituyente ha dictado resoluciones, decretos y acuerdos que tienen que ver con las siguientes materias:
- 16 actos que tienen por objeto la organización administrativa de la misma Constituyente (designaciones y aprobación de presupuestos).
- 6 actos publicados en Gaceta Oficial dirigidos a crear las bases para la redacción del nuevo texto constitucional.
- 34 decisiones que exceden los límites impuestos por la Constitución Nacional ( se modifica, interviene o se asumen competencias de otros poderes).
- 7 actos que respaldan las actuaciones o instrucciones del Ejecutivo.
- 12 actos de rechazo a las opiniones o actuaciones nacionales e internacionales adversas al Gobierno Nacional, especialmente las sanciones contra los altos funcionarios de los poderes públicos.
Los actos restantes emanados de la Constituyente contienen declaraciones de luto oficial, otras conmemoran fechas y dos respaldan a políticos aliados al Ejecutivo Nacional como el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, hoy juzgado por hechos de corrupción.
Usurpando funciones
Las sospechas de que la Constituyente buscaba reemplazar a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 quedaron despejadas el 18 de agosto de 2017, cuando la instancia decidió asumir “las competencias para legislar” así como las competencias para “dictar actos parlamentarios en forma de ley”, en represalia por la negativa del Legislativo de someterse a sus designios.
Decisión que para constitucionalistas como José Ignacio Hernández representan la consolidación de una dictadura en el país, porque “la Constituyente asumió poderes supra-constitucionales, disolvió no solo a la Asamblea Nacional sino a toda la Constitución”.
Hasta el momento la polémica instancia ha dictado diez leyes, de las cuales 9 tienen que ver con el ámbito económico, entre las cuales figura el presupuesto para 2018, ley del Conglomerado Agrosur, ley de Abastecimiento y Precios Acordados, creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, Régimen Tributario para el Desarrollo del Arco Minero, ley Inversión Extranjera Productiva, ley del CLAP, ley contra la guerra económica y ley Consejos Productivos de Trabajadores. Además el presidente Nicolás Maduro, el 25 de julio de 2018, les solicitó modificar la de Ilícitos Cambiarios para permitir el uso de divisas dentro del país.
Vencer la “guerra económica” que gobiernos como el de Washington, junto a empresarios locales y opositores, mantienen contra su administración para fomentar la escasez de alimentos y medicinas y la inflación es una de las tareas que Maduro le dio a la Constituyente. Sin embargo, en estos doce meses estos problemas lejos de superarse se han agravado y así lo revela el hecho de que en este período el país entró oficialmente en hiperinflación y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una subida de precios de 1.000.000%, mientras que solo entre enero y junio la variación fue de 4.684%, según datos de la Asamblea Nacional.
Por su parte el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas) calcula que una familia de cuatro miembros requiere 55 salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas.
Este panorama ha arrojado las primeras autocríticas. “La ANC debió comenzar por este tema y no por el político”, soltó Isaías Rodríguez en una entrevista a finales del año pasado, luego de ser removido de la segunda vicepresidencia del organismo.
AN y CNE también
Pero la usurpación de funciones de la AN por parte de la Constituyente no se ha quedado en el ámbito de dictar leyes, sino también en la de la designación de altas autoridades.
Así, por ejemplo, la segunda decisión del organismo tras su instalación fue remover a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; y reemplazarla con el entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Esto, a pesar de que la Ley del Ministerio Público y del Consejo Moral Republicano establecen que solo los parlamentarios pueden nombrar y remover, previa calificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a este funcionario.
También la autorización de la designación del presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) la realizó la cuestionada instancia, obviando que la Carta Magna no permite que los constituyentistas realicen ninguna acción que modifique, intervenga y asuma competencias de los poderes públicos mientras no sea aprobada la reforma del texto constitucional.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es otra rama del Poder Público que ha visto como el cuestionado organismo asumía, en tres ocasiones, sus funciones constitucionales y legales de convocar comicios. La Constituyente llamó a las elecciones de gobernadores y de alcaldes de 2017 y a las presidenciales del 20 de mayo.
Sin pistas
Transcurrida la mitad del período que originalmente se fijó para realizar su labor, la Constituyente no ha dado detalles sobre sus intenciones respecto a la Carta Magna. Solamente la anterior presidenta del organismo, Delcy Rodríguez, lanzó algunas propuestas antes de ser electa, todas ellas relacionadas con el Ministerio Público entonces en manos de Ortega Díaz.
“Actualmente la Constitución contempla un cuasi monopolio de la acción penal en titularidad del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado? Que una persona se parcializa políticamente y abandona los deberes que le corresponden, que es administrar la justicia en este caso a través de la acción penal. Por eso nosotros le propusimos al Presidente, como sucede en muchos sistemas en el mundo de justicia, que la titularidad de la acción penal recaiga en la víctima, porque la víctima no solamente se representa a sí misma, sino que representa a la sociedad que indirectamente es víctima”, dijo en entrevista a la periodista María Lilibeth Da Corte, para luego agregar: “Venezuela va a avanzar en ese camino donde la justicia sea atendida directamente por la víctima y el Ministerio Público juega un papel de acompañamiento a la víctima”.
Sin embargo, con la remoción de Ortega Díaz el tema no se ha vuelto a tocar. Así como tampoco nadie ha explicado cómo se puede fortalecer más la soberanía nacional a través de la Carta Magna o cuáles son los derechos a la juventud que se pueden incorporar a ella, que ya no estén previstos.
Lo cierto, es que temas que en el mundo son de actualidad como el aborto o el matrimonio igualitario casi no han sido mencionados por ninguno de los 500 constituyentistas y mucho menos por el impulsor de la iniciativa: el presidente Maduro.