Transparencia Venezuela, 01 de agosto de 2019. Leyes, autorizaciones de enjuiciamiento contra diputados opositores, designaciones de altos funcionarios del Estado y decenas de acuerdos y pronunciamientos de carácter político. Estos son algunos de los 158 actos y decisiones que hasta el momento ha tomado la cuestionada Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, la cual cumple por estos días dos años desde su elección e instalación sin haber presentado aún un proyecto de reforma o de nueva Constitución, la cual es su tarea fundamental, de acuerdo a lo previsto en la Carta Magna de 1999.
La instancia, que es desconocida por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, así como por las autoridades de Estados Unidos, Canadá y de los países miembros de la Unión Europea, consumió el lapso original de dos años que se había dado para modificar el texto fundamental y para “lograr la paz que necesita la República” sin cumplir ninguna de las dos metas; por ello en mayo de 2019 decidió prorrogar su mandato por otros dos años más.
Esta decisión, sin embargo, refuerza las sospechas de que el objetivo de Maduro no era modificar la Carta Magna ni “reordenar el Estado”, sino simplemente tener un organismo que reemplazara a la Asamblea Nacional dominada por la oposición desde diciembre de 2015 y pisoteada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le ha impedido ejercer sus funciones constitucionales, bajo el alegato de que está en “desacato”.
De materializarse la prórroga, el actual Legislativo terminará su período antes que la cuestionada Constituyente.
Durante estos 24 meses los 545 constituyentistas han dictado 17 leyes, ejerciendo una competencia que la Carta Magna asigna a la Asamblea Nacional, de acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela. La mayoría de los textos no tiene que ver con la “reorganización del Estado”, sino con el tema económico, como las leyes de presupuestos de 2018 y 2019, la que modificó la Unidad Tributaria, la que reformó el Impuesto al Valor Agregado y la que creó el tributo a los Grandes Patrimonios.
El cuestionado organismo también aprobó una ley para castigar el odio, con la que se busca restringir aún más derechos como la libertad de expresión y de protesta, según las organizaciones de Derechos Humanos y expertos. Este instrumento le fue aplicado a la clarinetista Karen Palacios, quien permaneció más de 40 días detenida en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), precisamente por unos mensajes que publicó en la red social Twitter.
Además, la instancia se ha sumado a la estrategia del TSJ de buscar desmantelar al Parlamento, mediante el encarcelamiento y la persecución de legisladores. Así, hasta ahora, ha avalado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra 17 de sus integrantes, los cuales han sido señalados por el intervenido Ministerio Público y el máximo juzgado de participar en el alzamiento militar del 30 de abril y otros hechos.
La decisión de la Constituyente sin embargo no tiene asidero en la Constitución, al menos a la luz de sus artículos 187, numeral 20; y del 200, los cuales establecen que es el Legislativo el que puede “calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia” o que la separación temporal de uno de ellos “sólo podrá acordarse con el voto de las 2/3 partes de los diputados” o que ella tiene que dar el visto bueno para que el TSJ pueda procesar a alguno de sus miembros, respectivamente.
Lista sigue
La Constituyente no solo se ha arrogado las competencias legislativas de la AN, también las de designar a altas autoridades del Estado. Así, en lo que va de 2019 ha nombrado al contralor general de la República, Elvis Amoroso; y a la vicefiscal Beysce Loreto.
También asumió funciones contraloras del Parlamento, en particular la de recibir el informe anual de gestión del Presidente de la República. El 14 de enero Maduro presentó su memoria y cuenta ante el organismo, el cual también lo ratificó como Jefe del Estado.
Las decisiones lo que único que han hecho es teñir de ilegitimidad a todos los poderes, salvo a la AN, según la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza. “La ANC ha nombrado al Defensor del Pueblo y al Fiscal, ha ratificado a los magistrados y ha hecho revocatorias de la inmunidad parlamentaria de diputados, usurpando las funciones del Parlamento”, apuntó.
Opacidad total
Coincidiendo con el aniversario, desde la Constituyente han asegurado que sí están trabajando en los cambios a la Carta Magna y que ese trabajo está muy adelantado. “El propio presidente de la Comisión Constitucional (Hermán Escarrá), quien se encarga de recibir y conciliar todas las propuestas, ha dicho que hay un avance de más o menos 80%, pero aún esa discusión no ha culminado”, afirmó la abogada María Alejandra Díaz, miembro de la cuestionada instancia, al medio ruso Spunik.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué cambios podría sufrir la Carta Magna. Esta situación contrasta con la vivida en 1999 cuando se transmitieron hasta en televisión los debates de la Constituyente de entonces.
La opacidad es tal que se desconoce el presupuesto del que goza el organismo e incluso la totalidad de sus integrantes.