Transparencia Venezuela, 5 de abril de 2021.- En el frente internacional las cosas no lucen bien para Nicolás Maduro. Así, en cuestión de días, ha visto cómo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo acusa de violar los derechos de los trabajadores a asociarse, a sindicalizarse, a la contratación colectiva y a participar en la discusión de los temas salariales; y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciaba una demanda contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 27 de marzo de 2021, el Comité de Administración de la OIT aprobó un duro informe en el cual exige al Ejecutivo venezolano que tome las medidas necesarias para lograr “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra empleadores y trabajadores no afines al Estado; y además instó a retomar el diálogo con las autoridades patronales y los sindicatos.
El pronunciamiento fue la respuesta a una queja que en 2015 Fedecámaras presentó contra el Gobierno venezolano, al que acusó de crear un clima de intimidación y persecución contra empresarios y trabajadores que violaba los convenios de la OIT. En 2019, la Comisión de Encuesta de la OIT corroboró los señalamientos e instó al Ejecutivo a “respetar la libertad sindical” e impulsar “un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a estas recomendaciones.
La administración de Maduro ya ha rechazado el dictamen de la OIT y ya ha dicho que “no se compromete” con ese fallo. Una actitud que podría acarrearle más problemas en el ámbito internacional, porque la Constitución del organismo prevé la participación de la Corte Internacional de Justicia para dirimir algunas controversias.
Otra vez al banquillo
Cuatro días después de que la OIT emitiera su decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que había presentado a la Corte Interamericana una nueva demanda contra Venezuela, por la violación a las garantías judiciales y la no reparación de una víctima de mala praxis médica.
El nuevo juicio que el Estado deberá enfrentar en el juzgado con sede en San José (Costa Rica) es el relacionado con la médico Balbina Francisca Rodríguez Pacheco, quien 1998 estaba embarazada de su cuarto hijo y acudió a un control prenatal. El médico que la atendió advirtió que su embarazo era de alto riesgo debido a cesáreas anteriores y encontró, mediante una ecografía, que tenía placenta previa. En virtud de ello se decidió, con el acuerdo de la víctima, realizar una cesárea electiva el 13 de agosto de 1998. Durante el procedimiento la víctima tuvo una hemorragia causada por un problema con la placenta y, según aseguró, le pidió al cirujano que le practicara una histerectomía, pero éste se negó por considerar que el sangramiento había aparentemente cedido. Sin embargo, horas después presentó un sangramiento genital severo, por lo cual se procedió a realizar una histerectomía sub total.
No obstante, el procedimiento no logró que la situación de Balbina Rodríguez Pacheco mejorara y por ello debió ser sometida a dos operaciones más y luego permaneció cuatro días en cuidados intensivos. En las semanas posteriores debió pasar por el quirófano otras dos veces, según el expediente. Dichas intervenciones dejaron en la víctima secuelas que limitan su capacidad.
Pese a que denunció a su médico por mala praxis, éste jamás fue procesado y en 2012 el Tribunal 22 de Control de Caracas declaró el sobreseimiento de la causa. Esto, a pesar de que el Colegio de Médicos del estado Lara amonestó al médico tratante.
La CIDH concluyó que el Estado venezolano no ofreció a Rodríguez Pacheco los mecanismos para conseguir justicia y reparación por los daños que sufrió; y por ello decidió demandarlo ante la Corte Interamericana como responsable por la violación a las garantías y protección judiciales, a los derechos a la integridad personal y a la salud, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pese a que Venezuela se retiró de la jurisdicción del tribunal continental en 2013, los hechos ocurrieron cuando el Estado venezolano estaba sometido a esta jurisdicción, por lo que debe enfrentar la demanda.
