Transparencia Venezuela 28 de abril de 2023. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones forzadas, los ataques contra periodistas, medios de comunicación, sindicalistas y activistas de Derechos Humanos, el retardo procesal y las demás violaciones a los Derechos Humanos registradas en Venezuela 2022 continuarán registrándose en el futuro. Así lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que condicionó el fin de este tipo de hechos a que se produzca en Venezuela la “reconstrucción de la institucionalidad democrática”.
La afirmación la realizó el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe anual correspondiente a 2022, en el cual, por decimoctavo año consecutivo, Venezuela figuró en el capítulo IV, considerada la “lista negra” de los países en materia de respeto a las garantías fundamentales.
“La falta de una institucionalidad democrática guiada por la separación e independencia de los poderes públicos impide que se diseñen y ejecuten medidas que mejoren sustancialmente la situación de derechos humanos en Venezuela, en particular de quienes padecen discriminación estructural e histórica, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas LGBTI y personas con discapacidad”, denunció la CIDH.
Asimismo, la Comisión aseguró que la cooptación de las instituciones del Estado por parte del Gobierno venezolano, en especial sobre la justicia, hacen que éstas operen “primordialmente” en garantizar “la permanencia del partido de Gobierno en el poder y no en promover y proteger los Derechos Humanos”.
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“Esta situación impide que se investiguen, se juzguen y se sancionen las graves violaciones de Derechos Humanos que puedan tener como responsables a altas autoridades del Estado”, remató.
Y, por ello, la CIDH abogó por el restablecimiento del diálogo entre las autoridades y la oposición que permita reconstruir la institucionalidad democrática, dando “cabal cumplimiento a las decisiones y recomendaciones del sistema interamericano”.
Un saludo a la bandera
La CIDH, en su informe, tomó nota de las reformas legislativas e institucionales puestas en marcha el año pasado en Venezuela, en particular la nueva “remodelación” que sufrió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y aunque consideró que dichos cambios contenían “aspectos positivos”, aseveró que las reformas han sido “tímidas e inefectivas” a la hora de restablecer la separación de poderes.
“En Venezuela no hay independencia judicial”, denunció la CIDH. ¿La razón? “Debido a la alta provisionalidad de personas operadoras de justicia; la falta de concursos públicos de oposición para ingresar a la carrera judicial; la remoción de personas en cargos provisionales sin garantías del debido proceso; la designación poco trasparente de los magistrados del TSJ; y la opacidad en la administración de justicia en relación con controversias de interés nacional”, respondió.
Desde 2007 en Venezuela no se celebra un solo concurso para la asignación de los cargos de jueces, pese a que así lo ordena el artículo 255 de la Constitución Nacional. Esta omisión explica porque hoy más del 80% de los jueces son provisorios, accidentales o temporales; es decir que el TSJ los designa y remueve sin procedimiento previo, situación que los hace vulnerables a presiones políticas.
Respaldo a la CPI
2022 no fue un buen año en materia de Derechos Humanos para Venezuela. Así lo aseguró la CIDH instancia que denunció que registró “graves, masivas y sistemáticas violaciones” que forman parte de “un plan del Gobierno para cooptar los distintos poderes públicos y reprimir cualquier intento de alternancia”.
Entre los crímenes más graves que constató la instancia están “las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza, detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Poder Ejecutivo, desapariciones forzadas, así como torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad”.
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Asimismo, la CIDH respaldó la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar lo ocurrido en Venezuela y consideró acertado afirmar que en el país se han perpetrado crímenes de lesa humanidad.
“Esta conclusión está basada en la gran cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones, y en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal”, explicó.
La CIDH tomó nota de los 565 presuntos ajusticiamientos contabilizados por organizaciones de la sociedad civil, así como por las 348 detenciones arbitrarias y 22 casos de torturas. También registró el cierre de emisoras y certificó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público no ha servido, pues de las 75 solicitudes que formuladas por distintos sectores solo dos fueron respondidas.
Bien, pero…
El organismo, en su informe, también saludó la noticia de que por primera vez en siete años la pobreza en Venezuela disminuyó, de acuerdo con lo reportado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). Sin embargo, expresó preocupación por los datos que hablan de un aumento de la desigualdad.
“La CIDH y la REDESCA (Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) observan que, pese a que el país habría salido del ciclo hiperinflacionario en el que se encontraba desde hace varios años y de un ligero repunte del consumo, producción e importaciones, la mejoría de estos indicadores económicos no se ha traducido en el bienestar de la población en general”, agregó.
En el reporte se expresa preocupación por la situación de los trabajadores y pensionados venezolanos, cuyos ingresos denunció son insuficientes “para satisfacer las necesidades más mínimas y llevar una vida decorosa”.