Transparencia Venezuela, 7 de octubre de 2021.- La ausencia de políticas públicas y de una legislación que garanticen los derechos de los venezolanos que son lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex (LGBTI) alarma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que reclamó de las autoridades “medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos” de este colectivo, que permitan “erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas”.
El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo su reclamo en un comunicado de prensa emitido el 8 de septiembre de 2021, en el que anunció haber recibido información preocupante de parte de activistas y agrupaciones civiles.
“La Comisión reitera su preocupación por la vigencia del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que establece una pena de 1 a 3 años de prisión a la persona militar que ‘cometa actos sexuales contra natura’, criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género dentro del servicio militar. En tal sentido, recuerda al Estado venezolano el deber de derogar esta disposición por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación. Además, recuerda que la existencia de leyes que criminalizan las relaciones consensuales puede contribuir a un entorno social en el que se entiende que la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI es tácitamente permitida o tolerada”, denunció.
La ausencia de una legislación que garantice a las parejas del mismo sexo poder unirse legalmente también alarma al organismo, por lo que también recordó que de conformidad a “la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los Estados deben reconocer legalmente las uniones o el matrimonio sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, otorgando todos los derechos que deriven de esa relación”.
Venezuela es uno de los países de la región donde las parejas del mismo sexo no pueden casarse y el Estado no las reconoce legalmente, por lo tanto, no pueden heredar ni hipotecarse.
La violencia también preocupa
Los ataques, a veces mortales, contra los miembros del colectivo LGBTI y la carencia de datos oficiales que permitan medir este tipo de crímenes, así como la respuesta que el Estado da a los mismos, fue otro asunto sobre el que se refirió la CIDH.
En 2021 el país fue sacudido por tres crímenes de odio ocurridos con apenas horas de diferencia. El 14 de julio la pareja, integrada por el diseñador de moda Ronnie Rafael Ramírez Tinedo, de 32 años de edad, y el abogado y comerciante Carlos Eduardo LaPlace, de 45 años de edad, fue asesinada en su casa en la capitalina urbanización Caurimare, por unos atracadores.
A unos kilómetros de este lugar, y escasas horas después, sucedió el otro asesinato. Una persona trans fue decapitada y le cortaron los brazos en El Pozo, del barrio Santa Cruz del Este. Los asesinos, supuestamente, no eran conocidos de la víctima, a la que le atacaron por su identidad sexual.
Una Ventana para la Libertad, en un informe publicado en 2013, contabilizó que 99 crímenes de odio desde 2009 , de los cuales 46 fueron asesinatos y 53 otro tipo de agresiones.