Transparencia Venezuela, 16 de noviembre de 2022.- Pese a las constantes negativas del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ceja en sus empeños por intentar visitar Venezuela, para verificar in situ la situación de las garantías fundamentales.
El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió de nuevo a las autoridades venezolanas autorización para viajar a Venezuela al modificar las medidas cautelares que a finales de 2020 dictó a favor del director de Fundaredes, Javier Tarazona.
En esta oportunidad la CIDH no solo llamó a los funcionarios venezolanos a velar por la vida, salud e integridad física del activista de Fundaredes, sino que además manifestó “su disposición” enviar una delegación a Venezuela, para constatar “particularmente” las condiciones de los presos en El Helicoide, la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Insisten en que se garanticen los derechos del director de Fundaredes
En su resolución, la CIDH lamentó que las autoridades venezolanas, hasta ahora, hayan ignorado sus primeras instrucciones para garantizar los derechos de Javier Tarazona y les impuso nuevas obligaciones.
“Garantizar que sus condiciones de detención sean acordes con los estándares internacionales en la materia”, fue una de las demandas que el organismo formuló.
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En específico reclamó que al activista de Fundaredes sea llevado a una zona “con iluminación y ventilación adecuadas; acceso a agua potable y alimentación suficientes y saludables; espacio de reclusión adecuado que garanticen su privacidad, así como con posibilidad de acceso a espacios de recreación.
Además, el Estado venezolano debe garantizar que se eviten cualquier tipo de aislamiento e incomunicación contra el beneficiario, así como cualquier otro tipo de «castigo» en su contra”.
Tras insistir en que se le garantice “el acceso a atención y tratamiento médico” necesario, la CIDH instó a la justicia venezolana a que valore la adopción de “medidas alternativas a la prisión”.
Un juicio desde cero
Javier Tarazona tiene casi año y medio detenido señalado por las autoridades venezolanas de recibir financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), al paramilitarismo colombiano y de buscar dañar la imagen de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Estos señalamientos comenzaron a arreciar una vez que el activista de Fundaredes comenzó a reportar sobre los enfrentamientos entre militares venezolanos y disidentes guerrilleros colombianos en el fronterizo estado Apure.
Tras meses aguardando, en agosto comenzó el juicio contra el activista, su hermano Rafael Tarazona y el también miembro de Fundaredes, Omar de Dios García, a quienes formalmente se les acusa de financiación del terrorismo e instigación al odio. Sin embargo, tras dos meses en las que se celebraron seis audiencias el proceso deberá comenzar desde cero. ¿La razón? El juez 3 de Juicio con Competencia en Delitos de Terrorismo, Alexis Vera, solicitó un permiso médico y, por lo tanto, quedó interrumpido a la luz de lo previsto del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
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La información la suministró la coordinadora de documentación de FundaRedes, Clara Ramírez, el pasado 19 de octubre.
Javier Tarazona forma parte del grupo de presos que siguen en poder del Sebin, pese al decreto que firmó Nicolás Maduro a principios de 2021, a través del cual ordenaba trasladar a cárceles ordinarias a las personas que estuvieran privadas de libertad tanto en el Sebin como en el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
Sus familiares y defensores sostienen que su salud se ha deteriorado durante el tiempo que ha estado recluido y que no está recibiendo la debida atención médica.
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