Transparencia Venezuela, 29 de julio de 2021.- El cerco financiero, los fallos judiciales que han impedido la renovación de sus autoridades y demás intentos de la cúpula chavista por controlar a las universidades públicas nacionales han alarmado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que ha exigido el cese de estos ataques, por considerar que las casas de estudio son un pilar fundamental de la democracia.
El pronunciamiento lo emitió la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado en el que expresó su preocupación por la información que recibió desde esas instituciones y otras organizaciones de la sociedad, durante el período 180 de sesiones de esta instancia.
“La CIDH recibió información sobre distintas acciones del Estado tendientes a menoscabar la autonomía universitaria; entre ellas, la decisión de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del Sistema Patria. Según informó la sociedad civil, al tratarse de una plataforma estatal, esto podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarios de las universidades con posiciones críticas hacia el Gobierno. Del mismo modo, recibió información sobre la significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las universidades, lo que tendería a agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector educativo”, se lee en el escrito.
El organismo tomó nota de la “exigua” remuneración que reciben los docentes de las universidades públicas venezolanas, que oscila entre 5,92 y 10,43 dólares mensuales. En países como Ecuador, por ejemplo, el sueldo de estos profesionales supera los 2.000 dólares mensuales.
Asimismo, la Comisión manifestó su preocupación por el plan educativo presentado en 2020 por el Ministerio para la Educación Universitaria titulado «Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la reactivación del Aparato Productivo Nacional». En dicho plan se propone un nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios principalmente a las carreras que respondan a las «necesidades de formación de la nación», lo cual podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de población estudiantil.
Si no gano, arrebato
La CIDH tomó nota del hecho de que el Poder Judicial desde el 2010, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de sus salas Constitucional y Electoral, ha dictado más de 50 fallos suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso legislando sobre procedimientos para la elección de sus autoridades.
Desde hace al menos tres lustros el chavismo ha tratado de hacerse con el control de las casas de estudios superiores. Sin embargo, todos sus candidatos han sido derrotados en los distintos procesos. Por ello, en 2009 mediante la Ley Orgánica de Educación se dispuso que en los comicios para esas instancias los votos de los trabajadores administrativos, obreros y estudiantes tendrían el mismo peso que el de los profesores.
En 2020, mediante su sentencia número 324, la Sala Constitucional ordenó a las universidades Central de Venezuela (UCV), del Zulia (LUZ), de Carabobo (UC), Nacional Experimental del Táchira (UNET), Nacional Experimental de Puerto Ordaz (Unexpo), de Los Andes (ULA), Simón Bolívar (USB) y Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), celebrar en seis meses comicios para renovar a sus autoridades rectorales y decanales, mediante elecciones paritarias, so pena de declarar la “vacante absoluta” de dichos cargos y permitirle al Gobierno nombrar a las autoridades temporales.
Meses después dejó sin efecto esta amenaza, pero mantuvo la orden de celebrar las elecciones bajo un modelo distinto al previsto en la Ley de Universidades vigente.
Libertad académica
La CIDH destacó el rol trascendental de las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas. «Sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales», reiteró, al tiempo que señaló que estas instituciones son un pilar fundamental para la democracia, cuyo elemento esencial es la crítica y la pluralidad.
Por todo lo anterior, la instancia con sede en Washington (EEUU) instó al Estado venezolano a “adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria, incluyendo la asignación del presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones universitarias y garantizando que los pagos de nóminas del personal de las universidades públicas sean realizados a través de un sistema independiente e imparcial que proteja la libertad académica y de expresión”.