La CIDH pide al Gobierno de Maduro desechar el proyecto de ley contra las ONG

Transparencia Venezuela, 14 de marzo de 2023.- A la cesta de la basura. Allí ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que termine el proyecto Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que el chavismo impulsa en la Asamblea Nacional y que el pasado 24 de enero fue aprobado en primera discusión.

El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) considera que el borrador presentado por el diputado Diosdado Cabello “limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela”; y, por ello, instó a las autoridades a “no ratificar esta iniciativa y a garantizar la libertad de asociación”.

La petición la formuló la CIDH, junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en un comunicado de prensa, en el que recordó que la presentación del texto en el Parlamento venezolano “se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones de la sociedad civil, a las que se les calificó de «enemigas», «traidoras de la patria» y «fachadas de partidos»”.


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El borrador que debate la Asamblea Nacional de 2020 impone a las organizaciones civiles existentes la obligación de inscribirse en un nuevo registro, de suministrar regularmente información sobre sus miembros y fondos, así como presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República. Y en caso de cualquier incumplimiento no solo se establecen multas, sino que permite a las autoridades suspender e incluso cerrar a cualquier organización no gubernamental en Venezuela.

No es el primer caso de hostilidad contra la ONG en Venezuela

Tras denunciar que “este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público”, la instancia continental afirmó que “en Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”.

Para sustentar sus señalamientos la CIDH recodó que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional y la providencia de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo número 001-2021 buscan limitar el financiamiento internacional y someter a controles adicionales a las agrupaciones civiles, respectivamente.

No se debe limitar desproporcionadamente la libertad de asociación

En su comunicado, la CIDH admitió que las autoridades puedan regular la actuación de las ONG, pero dejó en claro que dichas normativas deben guiarse por unos lineamientos.

“La libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de las y los defensores de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario que los Estados cuenten con organismos competentes para su registro sin limitar arbitraria y desproporcionadamente dicha libertad. Si bien la obligación de garantizar el derecho de asociación no impide reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, debe asegurarse que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”, expuso la CIDH.

Acto seguido, señaló que la información que los organismos públicos soliciten a las ONG no exceda los límites de confidencialidad que estas requieren para su accionar. Asimismo, indicó que cualquier proceso de registro debe “ser rápido y sencillo, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información adecuada”.

Y, por último, indicó que la reglamentación sobre el registro y funcionamiento de las asociaciones civiles no debe tener un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación o posibilitar un amplio margen de discrecionalidad al ente regulador.

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