Transparencia Venezuela, 31 de mayo de 2023.- Por considerar que están en “situación de riesgo” de sufrir un “daño irreparable”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades venezolanas adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” del capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo y del teniente de navío Antonio Scola Lugo, dos militares encarcelados por presunta conspiración.
El mandato figura en las resoluciones 28/2023 y 29/2023 que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó entre el 16 y 22 de mayo pasado, respectivamente.
En los textos, la CIDH aprobó la solicitud de los representantes de los militares venezolanos y dictó medidas cautelares para ambos uniformados, quienes tienen cinco años detenidos preventivamente, sin juicio, por supuestamente participar en la llamada Operación Armagedón, uno de los numerosos supuestos complots contra el Gobierno de Nicolás Maduro que los servicios de inteligencia han desarticulado en los últimos años.
“La Comisión estima que el propuesto beneficiario estaría expuesto a una multiplicidad de fuentes de riesgo, susceptibles de afectar seriamente sus derechos a la vida, integridad personal y salud”, se lee en las dos resoluciones. ¿La razón? Ni Macsotay ni Scola, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Procesados Militares de Los Teques (Ramo Verde), han recibido asistencia médica para tratarse las dolencias que padecen, pese a las reiteradas peticiones formuladas por sus representantes a los tribunales desde abril 2021 hasta enero pasado.
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En marzo pasado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un habeas corpus que los abogados de Macsotay Rauseo habían interpuesto contra el presidente de la Corte Marcial precisamente por ignorar sus solicitudes de asistencia médica y de ser excarcelado en virtud de haber vencido el lapso que le permitiría estar en una celda sin una condena, reseñó en su oportunidad Suprema Injusticia.
Atención inmediata a los militares detenidos
La Comisión demandó de las autoridades venezolanas que garanticen que el capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo y el teniente de navío Antonio Scola Lugo tendrán acceso a un tratamiento médico adecuado y que sus condiciones de reclusión se ajustarán a los estándares internacionales en la materia.
La defensa de los militares encarcelados también ha denunciado que ambos están siendo objetos de “maltratos verbales y amenazas” por parte de sus custodios y que además sus condiciones de detención han empeorado.
“A partir de septiembre de 2022, el nuevo director del penal ha implementado nuevas restricciones al propuesto beneficiario: restricción de contacto con sus familiares por medio de imposición de requisas vejatorias (la esposa e hija del propuesto beneficiario, al ingresaren al penal, deben quedarse en ropa interior, afectando su derecho a la intimidad); restricción de ingreso de agua potable y alimentos (los controles de revisión no cumplen con las condiciones mínimas de higiene); imposición de requisitos adicionales y extralegales para el ingreso del abogado del propuesto beneficiario (autorización del director del centro penitenciario)”, expuso la Comisión, la cual demandó que se tomen medidas para revertir esto.
Preocupación por la muerte de reclusos bajo custodia del Estado venezolano
El hecho de que las autoridades de Venezuela no hayan respondido las peticiones de información de la CIDH sobre el caso de estos dos militares encarcelados por presunta conspiración fue uno de los motivos por los que el organismo hemisférico decidió tomar cartas en el asunto, pero no fue el único.
“Considerando que el propuesto beneficiario se encuentra en “Ramo Verde”, la Comisión recuerda que ha tenido oportunidad de conocer con anterioridad la situación concreta de riesgo de varias personas recluidas en dicho lugar, habiéndose vertido alegatos similares y consistentes con lo que se alega en el presente asunto”, agregó la CIDH.
Aunque no fue uno de los argumentos esgrimidos por los comisionados de la instancia de la OEA, no se puede ignorar que en los últimos años al menos 11 presos políticos han muerto en las cárceles venezolanas.
Solamente en las últimas semanas las autoridades han admitido que 2 de los más de 60 aprehendidos en la reciente campaña contra la corrupción fallecieron bajo custodia, uno de ellos supuestamente porque se suicidó y el otro por problemas de salud, de acuerdo con la versión oficial.
Asimismo, la CIDH, en su informe correspondiente a 2022, tomó nota del hecho de que entre 2017 y enero de 2022, 399 reclusos habían perdido la vida tras las rejas por desnutrición.
