Transparencia Venezuela, 8 de noviembre de 2022.- Por considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Venezuela que tome medidas para garantizarle sus derechos a la salud, integridad física y vida a un militar del Ejército venezolano que se encuentran encarcelado por rebelión.
El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó medidas cautelares a favor del teniente coronel (Ejército) Deibis Esteban Mota Marrero, quien en 2018 fue detenido junto a otro grupo de militares, por presuntamente formar parte de un complot liderado por el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, que buscaba derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Mota Marrero se encuentra recluido en la cárcel militar de Ramo Verde (Miranda), donde cumple una condena de 7 años, pero las autoridades le estarían negando el derecho a recibir atención médica necesaria, pese a que su salud estaría gravemente afectada por las secuelas de las agresiones recibidas durante su detención.
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En su resolución 61/2022, la CIDH consideró que el militar venezolano está “en una situación de riesgo” y advirtió que podría seguir “agravándose”. Y, por ello, sobre la base del artículo 25 de su reglamento y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, requirió a las autoridades venezolanas que adopten «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” del uniformado; y que le garanticen el “acceso a un tratamiento médico, conforme lo señalado por los médicos independientes correspondientes”.
Asimismo, la CIDH reclamó del Gobierno de Venezuela que tome acciones para garantizar la reclusión de Mota Marrero “se adecúen a los estándares internacionales aplicables” y que evite que las circunstancias que llevaron a esta situación de riesgo se repitan.
Un comacate
El caso del militar venezolano Mota Marrero es distinto al de otros oficiales que han sido detenidos en los últimos años por su presunta implicación en conspiraciones. ¿La razón? El oficial era el primer comandante del 413 Batallón Blindado “GD Pedro León Torres”, adscrito a la 41 Brigada Blindada de Valencia (Carabobo); es decir era una de las cabezas de una de las unidades de tanques del Ejército venezolano.
El militar fue aprehendido junto a Víctor Eduardo Soto Méndez, 1er comandante del 913 Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil “GJ José Laurencio Silva”, ubicado en La Pica (Monagas) y Erick Fernando Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas “Dr. Carlos Arvelo”.
También corrieron la misma suerte los comandantes Henry José Medina Gutiérrez, del 208 Batallón de Apoyo “GB Juan Antonio Paredes”; Juan Carlos Peña Palmentieri, cursante de Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FAN; e Igbert José Marín Chaparro, del 312 Grupo de Caballería Motorizada “GB Juan Pablo Ayala” de Fuerte Tiuna.
A todos estos militares venezolanos se les señaló de planificar un alzamiento y de tener listo un video donde desconocían a Nicolás Maduro y el cual sería transmitido por la televisión. No obstante, la grabación no ha aparecido.
En julio de 2021 la Corte Marcial anuló las condenas que un año antes les impuso un tribunal militar a Mota Marrero, a Peña Romero, Marín Chaparro y a Peña Palmentieri. Sin embargo, semanas después la Sala de Penal del Tribunal Supremo de Justicia revisó la decisión y ordenó a la justicia militar que volviera a pronunciarse.
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