Transparencia Venezuela, 13 de abril de 2023.- Tomar las “medidas necesarias” para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los líderes sindicales que han impulsado la ola de protestas contra el polémico instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Esta fue la exigencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó al Gobierno de Nicolás Maduro, tras constatar la situación de “riesgo” en la que están los miembros de la llamada Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT) debido a las amenazas, hostigamientos y acciones de vigilancia por parte de agentes estatales.
La solicitud figura en la resolución 15/2023 que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el pasado 1 de abril y en la cual acordó las medidas cautelares solicitadas en enero pasado por los sindicalistas Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar, Ojeda Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla.
La instancia no solo ordenó a las autoridades que protejan a los miembros de la organización sindical, sino que concierten con ellos las medidas de protección y que además se aseguren que estos líderes sindicales puedan “continuar realizando sus actividades de liderazgo sindical sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia”.
Los sindicalistas beneficiados han sido los promotores y las caras visibles de la ola de protestas que trabajadores públicos, en particular del sector educación y de la salud, han protagonizado en Venezuela desde mediados del año pasado en rechazo a la aplicación del polémico instructivo salarial de la Onapre.
📍También te puede interesar: La Sala Constitucional esperó el momento para desechar una demanda interpuesta por la oposición hace 12 años
La normativa de la Onapre, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “inexistente”, ha rebajado entre 40 y 70% los ingresos integrales de los funcionarios públicos, activos y jubilados, al reducir las bonificaciones por antigüedad, profesionalización e hijos previstas en los distintos contratos colectivos. Una medida que se tomó sin consultar con las organizaciones sindicales y que, en la práctica, ha hecho nulo el aumento salarial de 1700% aprobado por Maduro a principios de 2022.
Persecución sin cuartel a sindicalistas en Venezuela
La CIDH recordó que ha identificado en Venezuela “un contexto de estigmatización y criminalización a quienes convocan y participan en manifestaciones públicas” y que hasta julio de 2021 registró “al menos 11 líderes sindicales detenidos”. Asimismo, no ignoró el hecho de que las autoridades venezolanas estén impulsando la aprobación de instrumentos legales con el propósito de dificultar la labor de los activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, el organismo tomó nota de la docena de denuncias de persecuciones policiales, detenciones de corta duración o amenazas verbales que estos líderes sindicales sufrieron entre junio de 2022 y marzo pasado. Y también prestó atención al hecho de que esas denuncias no han sido analizadas por las autoridades venezolanas, pese a que fueron reportadas al Ministerio Público.
Ejemplo de ello fue el intento de arresto que sufrió Carlos Eduardo Salazar Ojeda en junio de 2022, cuando se dirigía a su casa en un autobús. En ese momento unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron la unidad de transporte, bajo la excusa de que estaban buscando a un secuestrador. Los uniformados hicieron bajar a todos los pasajeros y comenzaron a revisarlos. Al llegar a Salazar Ojeda uno de los efectivos le dijo que él era igual al secuestrador que estaban buscando.
📍 También te puede interesar: El TSJ anula disposición del Código de Justicia Militar que penalizaba las relaciones homosexuales
Sin embargo, el sindicalista comenzó a decirles a los demás pasajeros quién era y lo que hacía y el resto demandó de los agentes que lo dejaran en paz, tras lo cual pudo reanudar su camino.
Otro caso reportado se produjo en noviembre de 2022, cuando agentes de la Policía Nacional Bolivariana amenazaron al exesposo de la sindicalista Elsa Isabel Castillo González, representante de los maestros. “Es la mamá de las hijas tuyas y dile que si sigue dando declaraciones la vamos a joder”, le habrían dicho unos agentes que lo interceptaron cuando iba a buscar a las hijas de ambos en el colegio donde estudian.
Autoridades venezolanas abultan el expediente de desacato a la CIDH
La CIDH dio a las autoridades venezolanas 15 días para informarle las medidas que ha tomado para cumplir sus instrucciones sobre estos líderes sindicales. Sin embargo, la posibilidad de que atiendan la solicitud es nula. En primer lugar, el Gobierno de Maduro ni siquiera atendió las solicitudes de información que la instancia le hizo para conocer su versión sobre los hechos denunciados por los sindicalistas.
Y, segundo, en las gestiones del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, vienen ignorando y desacatando sistemáticamente las resoluciones del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos.
El Alto Comisionado de DDHH y la Misión de la ONU denuncian que represión en Venezuela no descansa
