Transparencia Venezuela, 28 de abril de 2021.- El Poder Judicial, y en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “en lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado (…) ha creado nuevos obstáculos (que impiden) para superar la crisis que atraviesa el país”.
La acusación la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual correspondiente al año 2020, en el que, por decimosexto año consecutivo, Venezuela figura en la “lista negra” junto a Cuba y Nicaragua, debido a que “observó que persiste la grave afectación de los derechos humanos de los venezolanos”, una situación provocada por el quebramiento del principio de separación de poderes que se ha traducido en “el menoscabo en el goce de los derechos humanos civiles y políticos, particularmente, en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos”.
Tras denunciar que “la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional continúe profundizándose”, la Comisión lamentó que en los últimos doce meses las autoridades judiciales no hayan tomado medidas para combatir la provisionalidad entre los jueces. Según datos obtenidos por el organismo, en la actualidad más de ocho de cada diez jueces en el país son provisorios, temporales o accidentales; es decir que son nombrados discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ y de la misma manera esta instancia los puede remover de un momento a otro, sin necesidad de ningún procedimiento en el que se les garantice el debido proceso.
Esta situación ha abierto las puertas a la cooptación de los juzgados por afectos al Gobierno. “De 5.928 jueces activos y retirados, 461 habrían celebrado contratos con el Estado y, de este grupo, al menos el 52,5% estaría inscrito al Partido Socialista Unido de Venezuela”, denunció la CIDH.
Pruebas a montón
El control que el Gobierno ejerce sobre el TSJ, y en consecuencia en la justicia en general, ha quedado claro para la CIDH en el último año. En su reporte, el organismo continental no pasó por alto el hecho de que el máximo juzgado haya avalado los 30 decretos de emergencia que Nicolás Maduro ha dictado desde 2016 y con los cuales se ha arrogado potestades que pertenecían a la Asamblea Nacional. “La CIDH rechaza que el estado de excepción haya dejado de ser excepcional en Venezuela con la anuencia del TSJ”, se lee en el informe.
El fallo de la Sala Constitucional que reconoció a la directiva encabezada por el diputado opositor disidente Luis Parra y el que le arrebató al Parlamento la potestad para designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron para la Comisión demostración clara de alineación del organismo rector del Poder Judicial con el Ejecutivo.
Los dictámenes mediante los cuales el TSJ intervino los partidos opositores Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), así como los disidentes chavistas Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro, igualmente alarmaron a la instancia dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La CIDH encuentra especialmente preocupante que el TSJ haya designado al árbitro de la contienda electoral sin competencia constitucional y, al mismo tiempo, haya proferido decisiones incidiendo en los dos partidos políticos que reúnen a las y los dirigentes más reconocidos de la oposición al Gobierno. Además, a juicio de la Comisión, con este tipo de decisiones se interfiere en el libre desarrollo del proceso democrático interno de los partidos políticos de oposición, se mina la confianza en los eventos electorales del país y, lo que es más preocupante, se crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional que tanto repercute en la vigencia de los Derechos Humanos”, afirmó.
Uso de la pandemia para afianzar el control social
Pero la CIDH no solo cuestionó la labor de la justicia, sino del Gobierno en particular su manejo de la pandemia del coronavirus.
“El Estado de Venezuela tuvo serias deficiencias, y (…) en ocasiones, en lugar de atender la crisis sanitaria como un asunto de salud pública, lo asumió como un tema de seguridad exterior. La militarización de fronteras, el cierre de pasos fronterizos, y la internación forzosa de personas provenientes del exterior, agravaron la situación de las personas retornantes, de por sí extremadamente vulnerable. La CIDH observó, igualmente, que el Estado no dispuso de mecanismos para corroborar la información relacionada con los casos de COVID-19 y las pruebas realizadas”, se lee en el informe.
El organismo lamentó que las autoridades hayan aprovechado la crisis para reforzar su control sobre la ciudadanía, lo cual se tradujo en “un incremento de las detenciones arbitrarias por informar o expresar críticas en el espacio digital, sin las garantías del debido proceso, y que además de afectar a los periodistas se extendió a opositores políticos, personal de la salud o ciudadanos y ciudadanos que expresaron opiniones críticas en redes sociales o difundieron información sobre la crisis en diversos sectores del país”.