Transparencia Venezuela, 8 de julio de 2024. Unas elecciones «libres, competitivas y participativas”. Así espera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sean los comicios presidenciales previstos para el próximo 28 de julio en Venezuela y, por ello, exigió que cese la persecución contra la oposición y la disidencia, que considera forma parte de un plan «para perpetuar al partido de gobierno en el poder».
La demanda la formuló el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado difundido este 8 de julio, en el que llamó a las autoridades a “adoptar un compromiso con la democracia” y respetar la libertad de expresión y de prensa, así como garantizar la participación política de la oposición en condiciones de igualdad.
“En lo que va corrido de 2024, al menos 50 personas, entre integrantes de campañas de oposición, sindicalistas, activistas y periodistas, fueron detenidas. Diez locales comerciales utilizados para reuniones de campañas opositoras fueron clausurados y comitivas de la oposición fueron retenidas en controles viales”, denunció la CIDH.
Para la CIDH estos hechos no son casos “aislados”, sino que forman parte de “un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición y la población en general”.
La instancia concluyó que “estos ataques a la democracia y estas restricciones arbitrarias a las libertades de expresión, asociación y reunión tienen como finalidad perpetuar al partido de Gobierno en el poder”.
Solo el pasado 4 de julio, día que inició oficialmente la campaña electoral, 15 personas fueron detenidas en cuatro estados de Venezuela. ¿Las razones? Iban a participar o estaban organizando actos proselitistas opositores. El Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró que todos los detenidos fueron liberadas horas después.
Durante su reciente intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la opositora María Corina Machado denunció que 31 miembros de su partido han sido detenidos y otros seis se encuentran refugiados en la embajada de Argentina.
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Una petición respaldada por el Alto Comisionado de la ONU
Días antes de que la CIDH emitiera su comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también hizo un llamado para que el proceso electoral del 28 de julio se ajuste a los estándares internacionales, por considerarlo el primer paso para solucionar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
En el discurso que el pasado 3 de julio ofreció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde presentó su más reciente informe sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, el jurista austriaco pidió que los comicios sean “transparentes, inclusivos y participativos».
Sin embargo, Türk admitió que las detenciones de dirigentes y simpatizantes opositores que se vienen produciendo en los últimos meses no eran “un buen augurio”.
Un grupo de 62 organizaciones no gubernamentales denunció que participar en actos de campaña de la oposición o mostrar la más mínima simpatía por su candidato, Edmundo González Urrutia, tiene un alto costo para muchos venezolanos.
En un comunicado, las organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 22 acciones de represalia contra empresas y particulares por haber suministrado bienes y servicios a la campaña opositora.
Así se ha registrado la clausura, por más de 30 días, de al menos 17 establecimientos comerciales por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Por último, informaron que 14 estaciones de radio han sido cerradas y 47 medios de comunicación digitales continúan bloqueados por los prestadores de servicios de internet.
