Transparencia Venezuela, 1 de agosto de 2022.– Tras dos meses ejerciendo “temporalmente” el cargo, Daniel Ramírez Herrera fue elegido por la Asamblea Nacional electa en 2020 como el nuevo defensor público general.
La decisión la adoptó, por unanimidad, el Parlamento el pasado 26 de julio. Se trata de un cargo cuyo titular no había sido designado desde 2010.
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Al anunciar que la mayoritaria bancada oficialista optó por Ramírez Herrera, por encima de los otros nueve nombres presentados por el Comité de Postulaciones Judiciales, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, justificó la elección por “sus credenciales, su capacidad, por su probada honestidad y defensa de la moral y la ética como abogado”.
Pero hay pocos motivos para el optimismo, porque justamente el largo período en el que el nuevo defensor nacional ha ocupado otros cargos en ese organismo, se han producido muchas denuncias contra la Defensa Pública en Venezuela que han llegado hasta las instancias internacionales.
Ramírez Herrera se convierte así en el sexto titular defensor público general, cuya función es de garantizar el derecho a la defensa a los venezolanos que tienen un cuenta con la justicia y que no tienen recursos para costear un abogado privado. Su mandato será siete años, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
¿Una “revolución judicial” a fondo?
Jorge Rodríguez, durante la sesión en la que se designó y juramentó al nuevo defensor público general, afirmó que “no consideramos que sea algo fútil insistir en que este proceso de revolución judicial va a fondo y que esta posición, esta responsabilidad que hoy adquiere que el defensor público general es fundamental en la preservación y la defensa de los Derechos Humanos y la defensa del debido proceso de cada venezolano”.
El nombramiento es el cuarto relacionado con el Poder Judicial que realiza la Asamblea Nacional electa en 2020 en lo que va de año. En abril nombró a los 20 magistrados del “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los titulares de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) y de la Inspectoría General de Tribunales (IGT). Estos últimos cargos los venía nombrando el máximo juzgado, pero la Asambleas Nacional le arrebató esta potestad, en la reforma que hizo a principios de año a la Ley Orgánica del TSJ.
Desde el Poder Legislativo venezolano ha dejado entrever, además, que ahora iniciarán el procedimiento para seleccionar al nuevo Consejo Moral Republicano, instancia integrada por el fiscal general, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República. La legitimidad de todos estos cargos está en la actualidad en duda, por cuanto quienes los ocupan fueron designados por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
Sin motivos para el optimismo
El nuevo defensor nacional Daniel Ramírez Herrera tiene una larga experiencia en la Defensa Pública, pues ha venido ocupando cargos en esta institución, casi de manera ininterrumpida, desde la época en que la ahora magistrada jubilada Deyanira Nieves Bastidas la dirigía.
Pero hay poco espacio para el optimismo, porque justamente el largo período en el que el nuevo defensor nacional ha ocupado otros cargos en ese organismo, se han producido muchas denuncias contra la Defensa Pública en Venezuela que han llegado hasta las instancias internacionales.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que actores del sistema de justicia también han privado a las personas detenidas de su derecho a una representación legal, negándose a autorizar la designación de una defensa privada e insistiendo en cambio en que sean representadas por una defensa pública. Se les ha negado a quienes ejercían la representación legal el acceso a documentos judiciales cruciales”, denunció la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas en 2021.
Unos señalamientos que fueron corroborados por la saliente alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien un informe también de 2021 señaló:
“En ocho casos documentados por el ACNUDH, se nombraron defensas públicas en contra de la voluntad expresa de las personas acusadas, impidiendo el acceso a un defensor de su elección. Por ejemplo, dos ciudadanos extranjeros que no hablaban español, sin entender los procedimientos, fueron representados por una defensa pública. El ACNUDH siguió recibiendo informes sistemáticos de malas prácticas por parte de las defensas públicas, incluidas presiones a las personas acusadas para que aceptaran los cargos, negligencia en el desempeño de sus funciones como abogados defensores, y ocultamiento de información relacionada con el progreso del caso a los familiares y a las personas acusadas”.
Michelle Bachelet ve pocos avances en la reforma judicial y ninguno en materia de transparencia
