Transparencia Venezuela, 8 de noviembre de 2021.- Tiempo y espacio. Estas son las dos peticiones que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha hecho tanto a las autoridades venezolanas, a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares, así como los ciudadanos de a pie y a los gobiernos preocupados por la crisis venezolana, ahora que su despacho inicia el arduo proceso para identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
“Solicito paciencia y apoyo mientras este proceso avanza en su siguiente etapa (…) Con paciencia, cooperación y decidida profesionalidad se establecerá la verdad”, escribió el jurista británico en un comunicado difundido por su despacho nada más arribar a La Haya (Países Bajos), tras permanecer por tres días en Venezuela, realizando la primera visita oficial de un investigador en jefe del tribunal creado para castigar los crímenes de guerra, genocidio y de agresión.
Asimismo, Khan demandó que se le permita conducir las averiguaciones relacionadas con Venezuela sin presiones de ningún tipo. “Si bien no desconocemos el discurso político y las fracturas existentes en Venezuela y en la región, es importante que se le dé espacio a mi oficina para que haga su trabajo. Haremos nuestro trabajo de forma independiente y desprovista de cualquier agenda política. Trabajamos como funcionarios de la Corte de conformidad con los valores y principios del Estatuto de Roma”, garantizó, al tiempo que indicó que cualquier intento por instrumentalizar la histórica decisión anunciada el 3 de noviembre no será bien recibida por él.
¿Pidiendo cacao?
En su comunicado, Khan volvió a expresarle su agradecimiento a las autoridades venezolanas por invitarlo y recibirlo. En particular mencionó a Nicolás Maduro, con quien aseguró que pasó más de 10 horas durante los tres días que estuvo en el país.
Igualmente saludó el hecho de que las autoridades se hayan comprometido a colaborar con sus indagaciones, aunque no comparten su decisión de iniciar una averiguación. El nombre de varios funcionarios en ejercicio y de exfuncionarios seguramente terminará saliendo a relucir una vez que las pesquisas se pongan en marcha.
“Mi oficina apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el Gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos. El principio de complementariedad es la base del sistema del Estatuto de Roma y sigue siendo un principio importante durante la etapa de investigación”, agregó.
Aunque en su comunicado, recordó que mantuvo encuentros con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Félix Plasencia, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; con el fiscal y el defensor del Pueblo impuestos por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab y Alfredo Ruíz, respectivamente; y con el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, Khan solo mencionó una vez a la sociedad civil y obvió a las víctimas.
Contento y descontento a la vez
Las autoridades venezolanas no tardaron mucho en tratar de minimizar el impacto de la histórica decisión de la Fiscalía de la CPI. Así, el fiscal Tarek William Saab Saab la calificó como suna “victoria” para el Estado venezolano, por cuanto aseguró que los procesos que se puedan producir se conducirán exclusivamente en Venezuela, obviando que eso ocurrirá solo si desde La Haya consideran que ciertamente la justicia local está investigando a fondo y hasta las últimas consecuencias.
Pese a celebrar el supuesto triunfo, Saab consideró que el inicio de la investigación es injustificado. “Como Ministerio Público, yo puedo decir que discrepo de esa decisión de la Fiscalía de la CPI. Pero, ¿qué es lo importante? En el propio documento se revela y se establece algo decisivo, fundamental, y es que Venezuela, con su sistema de Justicia, hará una investigación propia sobre los hechos por los que fue objeto de examen”, expresó en entrevista a la agencia española Efe.
Asimismo, el fiscal designado la Constituyente dio por descontado que Khan no hallará “elementos suficientes” para ir en contra de nadie, “de ninguna autoridad legítimamente constituida en el Estado venezolano”.
Por otra parte, insistió en que desde su arribo al Ministerio Público han sido imputados “770 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles señalados como presuntos responsables de vulneraciones a derechos humanos”. Por su parte, 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares han sido encarcelados y 1.061 funcionarios y 150 civiles han sido acusados, aunque apenas 194 funcionarios han sido condenados efectivamente.
Por último, anunció que tiene 780 causas bajo investigación por presuntas violaciones a Derechos Humanos, tanto en las protestas de 2017 como en hechos posteriores.
Los números de Saab, en definitiva, no fueron suficientes para frenar la apertura de la investigación en la CPI.
