A lo largo de las últimas décadas en distintos países del orbe, que han sido escenario de transiciones de dictaduras a democracias o de conflictos armados a situaciones de paz, se han puesto en marcha distintos mecanismos de justicia transicional que buscan investigar y castigar a los crímenes contra los derechos humanos, pero además se ha tomado medidas para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, al tiempo que se han sentado las bases para la reconciliación en las sociedades afectadas.
A continuación, se mencionan algunas de estas experiencias de justicia transicional en el mundo:
ARGENTINA
La dictadura militar que gobernó al país austral entre 1976 y 1983 dejó más de 30.000 personas desaparecidas, tras una campaña de terror, tortura y secuestros. Nada más producirse la caída de este régimen se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la cual tras meses de investigaciones y entrevistas con víctimas y sus familiares produjo el célebre informe “Nunca más”, donde se relataban los abusos y barbaridades cometidas contra los derechos humanos por el régimen castrense. En 1985 la justicia argentina juzgó y condenó a nueve exmiembros de las juntas militares, entre ellos los expresidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, los almirantes Emilio Eduardo Masera y Armando Lambruschini, y el brigadier general Orlando Ramón Agosti.
Sin embargo, ante el temor de que las indagaciones pudieran provocar una reacción en los cuarteles, el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín decidió paralizar las investigaciones, al aprobar leyes que protegían a oficiales de menor graduación y soldados (leyes de debida obediencia). Años después, el gobierno del Carlos Menem indultó a los uniformados, decisión que sería revertida en 2003 por la Corte Suprema argentina, que declaró inconstitucionales las llamadas leyes de Punto Final que impedían el procesamiento de militares. Hasta 2010, unas 800 personas, en su mayoría exoficiales, han enfrentado a causas penales, de los cuales 200 habían sido condenados.
CHILE
En 1990, el entonces presidente Patricio Aylwin decretó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, instancia encargada de investigar los crímenes contra los derechos humanos ocurridos durante el régimen que durante 17 años encabezó el general Augusto Pinochet. La instancia fue presidida por el jurista y político Raúl Rettig, un exembajador en Brasil del derrocado presidente Salvador Allende, razón por la cual se le conoce popularmente como Comisión Rettig y su resultado como Informe Rettig.
Tras nueve meses de trabajo, el 8 de febrero de 1991, la instancia entregó al presidente Aylwin el informe final, que dio cuenta de los atropellos y abusos cometidos por los militares durante las casi dos décadas que Pinochet estuvo en el poder. En el texto se reportaron 3.920 afectados por la actuación de las autoridades, de las cuales 2.130 fueron identificadas como víctimas de violaciones de los derechos humanos y 168 casos víctimas de la violencia política. Todas ellas perdieron la vida.
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En el informe se plantearon una serie de recomendaciones para generar medidas compensatorias para los familiares de las víctimas, muchas de las cuales fueron implementadas en los años siguientes, tras la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997) cuyo objeto fue la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe, junto a las demás funciones señaladas en la ley. Se estableció una pensión de reparación y otros beneficios.
El 4 de marzo de 1991 Aylwin, nada más conocer la síntesis del informe, dio una histórica alocución en la cual pidió perdón en nombre del Estado a todos los afectados por la dictadura. Pese a estos logros, tres décadas después muchos de los responsables de estos crímenes no han sido enjuiciados y algunos, como el propio Pinochet, han muerto impunes.
COLOMBIA
Colombia ha sido el escenario más reciente para el uso de la justicia transicional en la región. Sin embargo, a diferencia de los casos del Cono Sur o de Centroamérica, en Colombia las autoridades y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) optaron por utilizar mecanismos judiciales y extrajudiciales al mismo tiempo. Así se creó en 2017 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una instancia conformada por jueces independientes a que los están en el Poder Judicial y que se encargarían de procesar a los presuntos responsables de cometer crímenes durante las cinco décadas que duró el conflicto armado colombiano.
La JEP tendrá una duración no superior a 20 años y se enfocará en los delitos más graves y representativos ocurridos durante el llamado “conflicto armado”, tales como el caso de los llamados “falsos positivos” (campesinos asesinados por los militares, quienes pretendieron hacerlos pasar por guerrilleros), el reclutamiento de niños y los secuestros cometidos por parte de los grupos irregulares. En particular la instancia tiene potestad para procesar a excombatientes de las FARC, policías y militares, otros agentes del Estado o civiles (paramilitares). Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional colombiana aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria.
Además de la JEP, en los acuerdos firmados en La Habana (Cuba) en 2016 se establecieron otras instancias extrajudiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición. Estos órganos se encargarán de darle voz a las víctimas, determinar lo ocurrido y proponer medidas para reparar a los afectados y evitar que estos hechos vuelvan a producirse.
Es un sistema complejo que no ha estado exento de críticas, porque no son pocos los que consideran que no garantiza totalmente que los abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado sean sancionados.
SUDÁFRICA
En 1995, apenas un año después del fin del apartheid – el régimen supremacista blanco que gobernó Sudáfrica durante décadas- y de su elección como presidente del país, Nelson Mandela dictó la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación. El instrumento preveía la creación de una comisión para dar a conocer los abusos cometidos por el régimen racista, para darle voz a las víctimas y justicia.
“Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”, fue el lema del organismo presidido por el también premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu.
La comisión sudafricana comenzó a funcionar en 1996, y en los siguientes dos años y medio llamó a declarar a parientes de víctimas, funcionarios de Gobierno, agentes de inteligencia y miembros de las Fuerzas Armadas en los años del apartheid. Determinó que hubo 27.000 víctimas de la violencia entre 1960 y 1993 y se presentaron 7.000 solicitudes de amnistía, muchas de las cuales fueron acogidas. La comisión no sólo buscó establecer la verdad, sino la justicia, y para ello incentivó a los represores para que concurrieran a declarar con la posibilidad de poder solicitar una amnistía si reconocían sus crímenes. Esas declaraciones que eran públicas y divulgadas por los medios de comunicación.
Existen valoraciones muy diversas acerca del resultado de la comisión. Sus detractores consideran que proporcionó impunidad a criminales confesos. Sus defensores argumentan que permitió el esclarecimiento de desapariciones y otros delitos que hubieran quedado en la oscuridad de otro modo, así como que facilitó que las víctimas recibieran indemnizaciones y reconocimiento por su sufrimiento. Muchos observadores consideran que este proceso de reconciliación y búsqueda de la verdad, relacionado con el concepto tradicional que los sudafricanos llaman Ubuntu, facilitó la transición política sudafricana. Sin embargo, el caso sudafricano se ha convertido en un modelo para posteriores experiencias.
MÉXICO
La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, desató la indignación social ante la ineficiencia e inacción de las autoridades frente a este hecho, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. A raíz de una medida cautelar dictada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Ayotzinapa (GIEI), producto de un acuerdo entre el gobierno de México, los representantes de las víctimas y la CIDH en noviembre de 2014.
El mandato general del acuerdo establecía que este mecanismo realizaría una “verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas”, con el compromiso de realizar todas las acciones para la localización en vida e identificación forense de las personas desaparecidas, agotar todas las líneas de investigación para determinar las responsabilidades penales, en especial los responsables con vínculos con la delincuencia organizada y los funcionarios estatales, así como la atención y reparación integral a las víctimas y sus familiares. En el acuerdo se estableció que el GIEI podría actuar como coadyuvante en las investigaciones y presentar denuncias penales ante las autoridades mexicanas competentes.
El GIEI-Ayotzinapa tuvo un mandato inicial de seis meses, estableciéndose que su mandato podría extenderse “por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo” y aunque fue renovado una única vez por el Estado mexicano, por seis meses más, el mecanismo cesó en sus operaciones en abril de 2016, antes de que la investigación penal hubiese concluido. Sus integrantes denunciaron el bloqueo de las investigaciones que se evidenció en el escaso interés de las autoridades por en adelantar nuevas líneas de investigación, la realización de diligencias sin la presencia de los expertos designados y la negativa de acceso al sitio de los hechos, así como la imposibilidad de investigar a funcionarios de alto nivel, en especial militares.
Para 2019 habían sido liberadas 77 personas de los 142 implicados.
En julio de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció la identificación de un resto óseo de uno de los estudiantes de Ayotzinapa, tras seis años de los hechos. Este mismo organismo había solicitado al Poder Judicial mexicano 46 órdenes de detención contra funcionarios de distintos municipios del estado de Guerrero, por desaparición forzada y delincuencia organizada. En marzo de 2020 ya se habían obtenido orden de detención contra funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, entre ellos, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó de México.
CAMBOYA
En 2003, y tras seis años, la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmó con el Gobierno de Camboya un acuerdo para crear unas instancias que permitieran “llevar ante la justicia a las personas responsables del genocidio y los crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de los jemeres rojos”.
Entre 1975 y 1979 el país asiático fue gobernado por un régimen comunista que creó la Kampuchea Democrática y estableció un sistema de economía radicalmente agraria, que forzó a miles de personas a dejar las ciudades y su cultura, por considerarlas burguesas, para mudarse al campo. El régimen liderado por Pol Pot recurrió a los trabajos forzados, así como a las detenciones arbitrarias y a la tortura para intentar controlar a la población y dejó miles de personas desaparecidas y muertas.
Las autoridades camboyanas y la ONU analizaron la posibilidad de constituir un tribunal internacional como los creados para la antigua Yugoslavia o Ruanda, pero al final optaron por una figura “híbrida” y por ello decidió crear salas especiales dentro de los tribunales ordinarios del país. Las instancias están integradas por una Sala de Primera Instancia, la cual está compuesta por tres jueces camboyanos y dos jueces internacionales, y de una en el Tribunal Supremo con cuatro jueces camboyanos y tres jueces internacionales, la cual que sirve tanto como Sala de Apelaciones como sala de última instancia. Los jueces internacionales son elegidos por el Consejo Superior de la Magistratura de una lista de candidatos elaborada por el Secretario General de la ONU.
Hasta ahora las salas han dictado varias sentencias y condenado a cadena perpetua a exlíderes del régimen de los jemeres rojos como Nuon Chea, de 88 años y quien fuera el segundo de a bordo, y Khieu Samphan, de 83, quien llegó a ocupar la presidencia de Camboya.
BOSNIA
El desmembramiento de Yugoslavia a principios de la década de los noventa vino acompañado de una cruenta guerra sectaria entre croatas católicos, serbios cristianos ortodoxos y bosnios musulmanes, la cual dejó unas 140.000 personas fallecidas y más de cuatro millones de desplazados. Durante el conflicto Europa revivió imágenes salidas de la II Guerra Mundial, la cuales incluían genocidio por razones étnicas, violaciones sexuales sistemáticas y campos de concentración.
En 1993 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió crear el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya, cuyo mandato finalizó en julio del 2013 y el cual juzgó a unos 90 criminales de guerra. Entre quienes terminaron sentados en el banquillo de los acusados figuran el expresidente de Yugoslavia y luego de Serbia, Slodoban Milosevic, el otrora líder serbo-bosnio Radovan Karadzic o el jefe militar serbio Ratko Mladic. Milosevic, se suicidó en su celda, mientras que Karadzic fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de guerra y genocidio; y Mladic fue condenado a cadena perpetua por hechos como la masacre de Srebrinica en 1995, donde 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados.
Sin embargo, la existencia del juzgado de La Haya fue solo un paso hacia la justicia y por ello en 2003 el Consejo de Seguridad de la ONU instó a Bosnia a crear una instancia nacional para investigar y sancionar crímenes graves, pero menos conocidos, en especial con miras al fin de las labores del TPIY. La Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina, con sede en Sarajevo, fue creada después de que la Asamblea del país reformara su Ley Nacional en diciembre de 2004, permitiendo la creación de la Sala como una de las tres secciones de la Corte de Bosnia-Herzegovina.
Desde 2005 y hasta 2013 la instancia, cuya financiación inicial partió de la comunidad internacional, ha dictado 200 sentencias. En un primer momento las seis salas creadas tuvieron dos jueces nacionales y uno internacional, pero a partir de 2012 todos los jueces son nacionales.
SIERRA LEONA
Entre 1991 y 2002 el país africano estuvo sumido en una guerra civil entre el Frente Unido Revolucionario (FUR), el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y el gobierno sierraleonés. El conflicto acabó con la vida de 70.000 personas, dejó 200.000 víctimas de desapariciones, torturas, mutilaciones y violaciones; y forzó a 2,6 millones a dejar sus hogares.
En 2002 el Gobierno de Sierra Leona firmó un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para crear un tribunal ad hoc en el país, el primero híbrido del que se tenga conocimiento, para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra.
La instancia fue creada para conocer graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y contra el derecho humanitario internacional, cometidas por toda persona mayor de 15 años de edad. Durante los once años que laboró conoció cuatro casos y condenó a 13 personas, pero además fue la primera instancia internacional en determinar que la amnistía no aplica para casos de crímenes de lesa humanidad, de guerra y otras graves violaciones a los Derechos Humanos.
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El Tribunal estuvo conformado por 11 jueces, de los cuales siete eran extranjeros designados por el secretario general de la ONU y los demás cuatro por las autoridades del país africano. Por su parte, el Fiscal y el de la Defensa que actuaban ante esta instancia también fueron designado por el secretario general de la ONU.
En un principio la instancia se financió principalmente a través de contribuciones voluntarias de varios países, aunque en cuatro ocasiones necesitó de la subvención de la ONU. Durante su primer año, el presupuesto aprobado del Tribunal fue de 19 millones de dólares. Entre los años 2002 y 2006, el presupuesto total estimado ascendió a 104 millones de dólares.
LÍBANO
El 14 de febrero de 2015 el primer ministro libanés Rafiq Hariri murió en un atentado con bomba en las calles de Beirut. El magnicidio puso en riesgo la fragilidad de la situación de un país que desde la década de los 70 sufrió un largo y sangriento conflicto sectario-religioso, al cual además se sumó los efectos del conflicto palestino-israelí.
Para lograr determinar la verdad de lo ocurrido el 13 de diciembre de 2005, el Gobierno libanés pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que estableciera en su territorio un tribunal de carácter internacional para juzgar a todos los que son presuntos responsables del atentado. La instancia se considera un mecanismo “híbrido”, por cuanto es internacional pero no es un juzgado de la ONU y está compuesto por jueces extranjeros y libaneses, pero aplica la ley libanesa.
Tras una larga y complicada investigación el Fiscal presentó una acusación contra Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra, todos ellos ciudadanos de nacionalidad libanesa y miembros de la organización política y militar Hezbolá, a los cuales acusó de conspiración para cometer un acto terrorista. Junto a ellos, fue también imputado Mustafa Amine Badreddine, que había fallecido en Siria en 2006.
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El juicio comenzó en 2014 y en agosto de 2020 declaró culpable a Ayyash; mientras que absolvió al resto de los acusados por falta de pruebas. Sin embargo, ninguno de ellos, los cuales no han comparecido ante el Tribunal, ha reconocido su participación y tampoco se han presentado pruebas que demuestren que Hezbolá y Siria pudieran tener relación con el magnicidio del 14 de febrero de 2005.
Esta instancia fue la primera creada específicamente para investigar un hecho.
MECANISMOS RESIDUALES
El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales fue creado en 2010 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene por propósito continuar aquellos casos que tribunales internacionales especiales no hayan podido concluir porque su mandato expiró. Así esta instancia viene llevando adelante la labor iniciada por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el creado para Ruanda.
Esta instancia tiene dos divisiones: Una para África, al cual opera desde Tanzania y se encarga de continuar los procesos relacionados con el genocidio de Ruanda de 1994 y el de Europea, que opera desde La Haya (Países Bajos) y que se encarga de las investigaciones sobre la antigua Yugoslavia. Cada una de las dependencias está conformada por una sala, un fiscal y una secretaría y sus miembros son todos extranjeros.
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La primera división comenzó a operar en 2012 y la segunda inició sus actividades un año después. La resolución que creó la instancia le dio un mandato de cuatro años, prorrogable por dos más.
El 20 de marzo de 2019 la división europea elevó la condena por genocidio al político serbobosnio Radovan Karadzic, de 40 años a cadena perpetua, por la masacre de Srebrenica.