Transparencia Venezuela, 5 de mayo de 2021.- La sorpresiva decisión del fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, de admitir que el concejal por Caracas, Fernando Albán, no se suicidó en octubre de 2018, sino que fue asesinado mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y de que el estudiante Juan Pablo Pernalete sí perdió la vida a manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una protesta antigubernamental en 2017, más que la confirmación de una sospecha, parece una maniobra destinada a evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal contra altos funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad.
Así lo dejó entrever el propio titular del Ministerio Público, quien el pasado 1 de mayo, señaló cómo funciona este mecanismo. “Hay que recordar que la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que pueden ser de su competencia no han sido investigados, por el sistema de justicia de un Estado parte”.
Y, acto seguido, Saab remató: “ha quedado claro nuestro compromiso a investigar”. Para probar su punto dijo que en los tres años y ocho meses de su gestión 1.064 funcionarios y 136 civiles han sido acusados de violar Derechos Humanos, 540 funcionarios y 30 particulares han sido aprehendidos y se han logrado 133 condenas.
También Tarek William Saab sacó a relucir los “avances” en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto en custodia del Estado. Sobre la muerte de este militar ratificó un criterio que ya ha sido analizado por el TSJ desde el 2020, que apunta a reconocer que fue torturado y asesinado. El fiscal general de la Constituyente confirmó: “El 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. El 13 de noviembre del año pasado fue presentada la acusación correspondiente”.
Las sospechas sobre la estrategia de la Fiscalía, para aliviar las culpas ante la CPI, fueron reforzadas por la propia antecesora de Saab y fiscal general destituida por la cuestionada Constituyente, Luisa Ortega Díaz, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó: “Reconocer las violaciones a los Derechos Humanos en los asesinatos de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo no busca hacer justicia, sino eximir a los máximos responsables señalados en el examen preliminar ante la CPI. Esto es una muestra de temor porque saben que serán juzgados”.
Pero no solo los “recules” en materia judicial parecen indicar que las autoridades están buscando esquivar un posible proceso internacional. Así el pasado 18 de abril, el Gobierno anunció la decisión de crear una comisión para la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Este organismo, en particular su Fuerza de Acciones Especiales (FAES), ha sido señalado de cometer cientos de ajusticiamientos y por ello la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha pedido su disolución. Una demanda que ha sido ignorada olímpicamente por el Poder Ejecutivo.
Ni la punta del iceberg
Sin embargo, la jugada de la Fiscalía intervenida por la cuestionada Constituyente puede ser insuficiente para impedir un eventual proceso en La Haya. ¿La razón? El pasado 1 de mayo al reconocer que Albán y Pernalete perdieron la vida a manos de funcionarios del Estado, Saab apenas anunció su despacho procesaría a dos agentes del Sebin por el primer caso y a 12 por el segundo, pero no dijo nada de acciones contra los funcionarios con cargos superiores que impartieron las órdenes.
La Misión Internacional Independiente para Determinación de Hechos de Venezuela de la ONU, en su informe publicado en septiembre pasado, dejó en claro que consideraba imposible que los ajusticiamientos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas que constató en el país se hayan podido ejecutar sin el conocimiento de altas autoridades.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”, señaló el organismo en su informe.
El artículo 28 del Estatuto de Roma señala claramente que no solo son responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y de graves violaciones a los Derechos Humanos los perpetradores, sino sus también los superiores en caso de “no haber ejercicio el control apropiado sobre sus fuerzas cuando “hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.
Pero si lo anterior no fuera suficiente expertos como el penalista Joel García considera que los delitos imputados a los procesados son una “burla” tanto para los familiares de las víctimas como para el juzgado internacional. “En el caso de Albán, qué quieren decir cuando hablan de homicidio culposo y favorecimiento de fuga, ¿significa que los funcionarios lo estaban ayudando a huir desde el piso 10 (del edificio del Sebin de Plaza Venezuela) y se les resbaló? Esa es la imputación más absurda posible. O en el caso de Pernalete hablar de homicidio preterintencional, o sea que la intención era herirlo (al dispararle una bomba lacrimógena). Esas calificaciones buscan rebajar las penas. Estoy seguro que hablaron con los implicados y le dijeron que admitieran los hechos para así imponerles penas de uno o dos años, que las cumplirán en un cuartel”, explicó el abogado en una entrevista radial.
La Fiscalía de la CPI está por anunciar si investigará o no los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014 y que fueron denunciados por Ortega Díaz y por varios países de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, en noviembre pasado, el despacho entonces ocupado por la jurista ghanesa Fatou Bensouda, dijo tener “una base razonable” para creer que debía iniciar una averiguación.
Saab en su intervención se quejó de que la Fiscalía del tribunal de La Haya no le informe sobre la situación del caso venezolano.
