Transparencia Venezuela, 1 de junio de 2020.- El pleito por el oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) pica y se extiende. ¿La razón? La Alta Corte de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Gales decidió iniciar un procedimiento para determinar quién tiene la legítima autoridad sobre el instituto emisor venezolano, si Nicolás Maduro o el Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. La suerte del preciado metal tendrá que esperar.
La decisión la adoptó la instancia judicial en la audiencia celebrada el pasado 28 de mayo, en la cual rechazó celebrar un juicio “expedito” para decidir si ordenaba al BoE a vender las 31 toneladas de oro, que Venezuela tiene depositadas en sus instalaciones, y que el dinero efectivo (930 millones de euros o más de US$ 1.000 millones) se transfiriera al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de combatir los efectos de la pandemia del covid-19, tal y como lo solicitaron los abogados del BCV por orden de Maduro.
La Corte, en cambio, resolvió celebrar no antes del 22 de junio una audiencia para “resolver unos asuntos preliminares”, como definir quién tiene autoridad sobre el BCV y cuál directorio del instituto emisor puede pedirle al BoE que venda el oro, si el encabezado por Calixto Ortega Sánchez o el designado por la Asamblea Nacional.
Ortega Sánchez fue designado presidente del instituto emisor por Maduro en julio de 2018, pero esta decisión no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional, como lo exige la Ley Orgánica del BCV sino que fue avalada por la cuestionada Constituyente.
El nombramiento, que fue rechazado por el Parlamento, se produjo dos meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, cuyos resultados no fueron reconocidos ni por la oposición ni por los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y ni de buena parte de América Latina, que abrieron las puertas para la imposición de sanciones a funcionarios y a la administración madurista.
Por su parte, en julio de 2019 el Parlamento designó una directiva ad hoc integrada por Ricardo Villasmil, Ruth de Krivoy, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Giocoma Cuois, en base al Estatuto para la Transición dictado por el Legislativo.
Un día antes de la audiencia preliminar en Londres, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 67, volvió a declarar “írritos” los nombramientos hechos por la Asamblea nacional.
Ambos cantan victoria
La decisión del Tribunal británico fue saludada por el procurador especial, José Ignacio Hernández, quien calificó como una victoria. “El régimen de Maduro mintió diciendo que tenía un arreglo con el PNU listo para usar el millardo de euros para el covid-19 y pidió a la Corte un juicio expedito e hizo ver que tenía el aval del BCV. El Banco de Inglaterra negó que hubiera tal acuerdo y pidió que el Gobierno de Guaidó fuese citado. La Corte le dio la razón al Banco de Inglaterra y al Gobierno de Guadió y negó la petición, pues primero debe decidirse quién es la autoridad legítima del BCV. Es una derrota para Maduro, quien había hecho creer que tenía todo listo para recibir el millardo”, explicó el jurista.
Por su parte, el abogado del BCV, que representa al Gobierno chavista, Sarosh Zaiwalla, negó que los hayan derrotado aún, por cuanto el juzgado londinense todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Sin embargo, admitió que se producirá un debate que poco interesaba a su cliente. “Para el 22 de junio se resolverán una serie de cuestiones preliminares, uno de los cuales es quién tiene la autoridad sobre el BCV, a quién debe prestar atención el Banco de Inglaterra. Hay una directiva que fue la que depositó el oro y otra directiva ad hoc designada por Guaidó, quien tiene el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido”, informó por correo electrónico el jurista.
Ante la caída del ingreso petrolero, producto del colapso de los precios y de la producción nacional, el oro se ha convertido para las autoridades venezolanas en una alternativa fundamental puedan sortear las sanciones y así adquirir bienes y servicios en el exterior. Uno de los casos más recientes ha sido de la gasolina adquirida a Irán, que habría costado nueve toneladas del preciado metal.
Las 31 toneladas de oro que el BCV tiene depositadas en el Banco de Inglaterra, desde 2008, permanecen congeladas debido a las sanciones que Washington ha impuesto al régimen de Maduro; y por lo visto seguirán allí un tiempo más.
