Pese a que la justicia transicional se asocia normalmente a situaciones como el paso de una dictadura a una democracia o el fin de guerras civiles, en los últimos años también se han avanzado en el uso de estos mecanismos especiales para castigar casos de corrupción.
Aquí presentamos experiencias de justicia anticorrupción registradas en América:
GUATEMALA
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) surgió a raíz de esfuerzos de grupos de la sociedad civil guatemalteca que estaban preocupados por la amenaza que representaban las redes criminales que operaban en el país para la frágil democracia guatemalteca, después del acuerdo de paz de 1996. En 2006 el gobierno del país centroamericano pidió a las Naciones Unidas (ONU) que ayudaran a establecer una iniciativa que auxiliaría a las instituciones locales a investigar, enjuiciar y, a la larga, desmantelar poderosas redes criminales en el posconflicto.
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En el 2007 se puso en marcha la CICIG, un organismo de investigación independiente que operaba bajo la ley guatemalteca y dependía del sistema judicial. El concepto fundamental era que Guatemala no estaba externalizando su sistema de justicia, sino que estaba confiando en la experiencia de la CICIG para trabajar de la mano con los fiscales y la policía del país, ayudando a desarrollar sus capacidades en el proceso. La instancia no tenía poderes de procesamiento, ni podía ordenar arrestos ni intervenciones telefónicas, ni ninguna otra medida, porque eso era competencia de los fiscales y jueces.
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En sus 12 años de operación el organismo ayudó a presentar más de 120 casos en el sistema de justicia guatemalteco, implicando a más de 1.540 personas, con unos 660 señalados enfrentando cargos u otro tipo de proceso legal actualmente. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, unos 200 funcionarios o exfuncionarios enfrentan cargos. Las investigaciones conjuntas entre la Fiscalía General de la República de Guatemala y la CICIG también dieron lugar a más de 400 condenas (incluyendo una contra una exvicepresidenta del país, sentenciada en 2018 a 15 años de prisión por cargos de corrupción en una de cuatro investigaciones respaldadas por la CICIG).
Pero el organismo no solo ayudó al combate contra la corrupción sino también a la lucha contra la violencia. Así según el International Crisis Group, la CICIG contribuyó a una reducción constante de la tasa de homicidios de Guatemala, la cual cayó de 45.1 por 100.000 en 2009, el año más violento en la historia reciente del país, a 26.1 en 2017, y ayudó a reducir la tasa de impunidad para crímenes violentos del 98% en 2008 al 87% en 2016.
Pese a estos logros el presidente de Guatemala para el período de 2016 a enero de 2020, Jimmy Morales, quien también fue señalado por la CICIG de irregularidades administrativas, no extendió el mandato del organismo en 2019.
HONDURAS
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fue un ente internacional de cooperación creado el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras presidido por Juan Orlando Hernández; convirtiéndose en la primera Misión de la OEA para el combate a la corrupción y la impunidad en un Estado miembro.
El organismo fue creado a raíz de que transcendiera el escándalo del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social en 2015. Tras una ola de protestas ciudadanas el gobierno aceptó a la petición de la ciudadanía de constituir una comisión internacional como la que operaba en Guatemala, la cual funcionaría por cuatro años.
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La MACCIH contribuyó al procesamiento de cinco diputados por el caso del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social y propuso distintas reformas legales para impedir la corrupción y combatir la impunidad. Incluso una ex primera dama terminó en el banquillo de los acusados por sus actuaciones.
Pese a estos logros el gobierno hondureño rechazó renovar el mandato de la instancia, la cual dejó de operar en 2020.