Más que un informe de gestión, el contralor general de la República, Manuel Galindo, solo puede presentarle al país un inventario de irregularidades. No solo se trata del nepotismo, desviación que caracteriza a su gestión, sino de una serie de fallas que impiden desarrollar una lucha efectiva contra la corrupción.
Galindo ha incurrido en negligencia al ignorar las denuncias que desde 2014 han trascendido sobre los contratos y el retraso de las obras de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo mundial por el pago de sobornos a funcionarios públicos. El contralor también se ha hecho de la vista gorda en los casos de los milmillonarios convenios repartidos a dedo por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ejecutivo nacional para atender la crisis eléctrica.
Mientras los venezolanos padecen la escasez de comida y medicamentos, Galindo guarda silencio acerca de los vicios que han penetrado a los ministerios de Alimentación y Salud. Tampoco ha dicho nada sobre el desempeño de las carteras de Servicios Penitenciarios, Finanzas, e Interior y Justicia, así como del Banco Central de Venezuela, a pesar de la crisis económica, el aumento de la delincuencia y la entronización de los “pranes” en el país.
El clamor de los ciudadanos que reclamaban sus documentos de identidad ha sido desatendido por el contralor general, que no ha investigado los múltiples señalamientos públicos que cuestionan el funcionamiento del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Puede que Galindo no sea muy transparente, pero hay algo que jamás ha ocultado: su obediencia a la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Quien fuera el consultor jurídico de la Asamblea Nacional durante la presidencia de la primera dama de la República, Cilia Flores, ha pretendido anular políticamente mediante sus inhabilitaciones a los gobernadores Henrique Capriles Radonski (Miranda) y Liborio Guarulla (Amazonas), así como a los alcaldes Enzo Scarano (San Diego, Carabobo), y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira).
El contralor general se sumó a la operación de acoso y derribo contra el Parlamento de mayoría opositora, interviniendo su unidad de auditoría interna, y ordenó revisar las cuentas de los últimos nueve años de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien cayó en desgracia ante el presidente Nicolás Maduro tras denunciar la “ruptura del orden constitucional” por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que a finales de marzo inhabilitaron al Poder Legislativo.
La Contraloría General ha sido colonizada por la familia Galindo, que metió a doce de sus parientes en la institución. Para remate, los tres últimos auditores internos del organismo fueron puestos a dedo, incluida su nuera, Suhei Marisel Araque Serrano, esposa de Álvaro Galindo León, quien se desempañaba como asistente de su padre.
Los venezolanos no saben qué hace Galindo. Desde 2015 no publica su memoria y cuenta. Los informes de actuaciones, los informes de especial interés para la sociedad y el libro de dictámenes brillan por su ausencia desde 2014, 2013 y 2012, respectivamente. Se conoce que apenas realizó 69 auditorías a la administración central en 2015, y no ejecutó ni una auditoría de seguimiento entre 2014 y 2015.
Siempre de espaldas a los ciudadanos, el contralor general de la República no ha respondido las más de 70 comunicaciones que han sido remitidas a su despacho por Transparencia Venezuela desde 2014.
Galindo no solo es responsable del auge de la corrupción, sino que también ha contribuido con la crisis política del país al avalar la irregular designación de los magistrados “exprés” del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015. En síntesis: Galindo ha permitido tanto el saqueo de las arcas de la Nación como la ruptura del orden constitucional.
