Transparencia Venezuela, 9 de abril de 2021.- El fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab al fin vio un acto de discriminación en pandemia. El funcionario anunció el inicio de una investigación contra el alcalde del municipio Sucre del Estado Yaracuy, Adrián Duque, quien decidió -como medida contra el COVID-19- marcar las casas de las personas que presuntamente contrajeron el virus, una acción que no solo violenta disposiciones constitucionales, sino las garantías fundamentales de todos los seres humanos previstas en tratados internacionales.
No conforme con esto Adrián Duque amenazó a los ciudadanos de su municipio con suspender la distribución del servicio de gas y hasta la venta de la bolsa de comida a precios regulados del programa de alimentación CLAP, como medidas adicionales a su particular forma de abordar la emergencia sanitaria.
El fiscal Saab informó, a través de la red social Twitter, que se abrió una investigación al alcalde por cometer segregación en perjuicio de los ciudadanos contagiados por el virus y manifestó que el funcionario “actuó de manera unilateral y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la pandemia”. También dijo que el Ministerio Público actuó junto a la Defensoría del Pueblo para retirar lo que calificó como “insólitos” avisos puestos selectivamente en residencias de los ciudadanos que padecían la enfermedad.
En un video que circuló por redes sociales, Duque, alcalde del partido de gobierno, PSUV, acompañado por efectivos de la policía municipal, señalaba con un tono autoritario que aquellas familias que no acataran la medida serían multadas con 20 millones de bolívares, unos 10 dólares al cambio del día, y la suspensión de los beneficios sociales.
Una arbitrariedad a todas luces
La medida tomada por el alcalde atenta contra varias disposiciones legales y constitucionales, y tal como está previsto en la ley, el desconocimiento de estas disposiciones no exime de responsabilidad.
El alcalde Duque ignoró el artículo 21 de la Constitución venezolana que contempla la igualdad de los ciudadanos ante la ley, disposición que deja claro que no “se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
Las medidas tomadas por esta autoridad local también violan al artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud, que establece que los pacientes tienen derecho al «respeto a su dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo geográfico, racial, social, sexual, económico, ideológico, político o religioso». Además, en la disposición se garantiza “un trato confidencial en relación con la información médica sobre su persona».
Intimidación como política de estado para enfrentar el COVID-19
La decisión del Ministerio Público llama la atención porque es la primera vez que Saab anuncia una investigación por un hecho de este tipo. Su actuación es, por decir lo menos, tardía. Y es que el garante de la legalidad impuesto por la ya desaparecida Constituyente nada hizo en momentos en que autoridades aplicaron medidas contra muchos venezolanos, que conllevaron tratos indignantes, cuando apenas comenzaba el estado de alarma.
Al inicio de la pandemia, en 2020, la administración de Nicolás Maduro impulsó un trato discriminatorio hacia los infectados y los sospechosos de serlo, sobre todo a quienes retornaron al país luego de perder sus trabajos en el exterior.
Desde una cuenta en Twitter del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se calificó a estos venezolanos como “bioterroristas” y se los acusó de traer el virus a Venezuela. Eran recluidos en centros improvisados donde no se les brindaba la atención necesaria y carecían de comida y servicios básicos, según denuncias de quienes estuvieron confinados.
El 06 de agosto de 2020 en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, territorio fronterizo con Colombia, también se marcaron las casas de las familias que posiblemente estaban infectadas con COVID-19 y que permanecían en cuarentena. La marca fue ordenada por la Dirección de Defensa Integral Municipio San Cristóbal, presidido por el concejal, Javier Flores.
También en el estado Yaracuy pero en el municipio San Felipe, el alcalde Rogger Daza aplicó la misma medida dejando una marca en las residencias de ciudadanos que sufrían de COVID-19. En este caso los inmuebles fueron marcados con el logo del programa social Barrio Adentro, dirigido por médicos cubanos.
