Transparencia Venezuela, 27 de agosto de 2020.-La ola de intervenciones contra los partidos políticos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició en 2020 no se ha limitado a organizaciones opositoras. Así, tras designar unas juntas directivas ad hoc en Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), el máximo juzgado puso su atención en formaciones aliadas al Gobierno. En agosto tomó una medida similar contra el Partido Patria Para Todos (PPT) y contra el Movimiento Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro).
Los golpes contra las formaciones oficialistas los propinó la Sala Constitucional, en sus sentencias 119 y 122. En la primera admitió la petición que hizo Williams José Benavides Rondón, quien solicitó que fueran destituidas las autoridades de Tupamaro y que le entregaran temporalmente la conducción de la agrupación. Esto, a pesar de que Benavides Rondón, quien es diputado suplente a la Asamblea Nacional, figura como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En la segunda sentencia, relacionada con el PPT, la sala aceptó la solicitud que le hicieron Ilenia Medina, Lisett Sabino, William Rodríguez, Carlos Martínez, Vladimir Miro, William Montaño, José Bracho, Oswaldo Andara y Pedro Key para despojar al grupo liderado por Rafael Uzcátegui de las riendas de esta organización política.
Como en las otras intervenciones, el máximo juzgado suspendió de “manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos” de ambos partidos “contra sus militantes” y les permitió a las nuevas directivas “utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio” de las formaciones de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
Los dictámenes fueron redactados por los magistrados Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza.
Desde 2012 el TSJ ha intervenido 11 formaciones políticas. Una de las más recientes fue el Movimiento Republicano, cuya directiva fue removida por la Sala Electoral, que en su sentencia 019 entregó las riendas del partido a Manuel Rivas, un exdirectivo, bajo el alegato de que las anteriores autoridades tomaron medidas que “han afectado los derechos políticos de los militantes y de la agrupación política, y que han puesto en riesgo la existencia misma de dicha agrupación”.
Este fue el primer dictamen emitido por la Sala Electoral desde que el 13 de marzo de 2020 el Gobierno de Nicolás Maduro declarara el Estado de Alarma para combatir el coronavirus. La instancia pasó cuatro meses sin sentenciar, a pesar de que en las cinco resoluciones que el TSJ aprobó con motivo al nuevo Estado de Excepción, estableció que esta sala estaba de “guardia”.
Los móviles de las intervenciones
La intervención de Tupamaro se produce tras la detención de su secretario general, José Pinto, quien fue aprehendido el 15 de junio de 2020, señalado de estar involucrado en el asesinato de un adolescente, de 16 años de edad.
Según el Ministerio Público intervenido por la Constituyente, el joven fue visto por última vez el 23 de mayo de 2020 cuando se dirigía hacia la finca La Tupareña –propiedad de Pinto– ubicada en la parroquia Caruao, en el estado Vargas, donde trabajaba. De acuerdo a las investigaciones, la víctima habría sido acusada, junto a otros trabajadores, de robar y por ello el político le habría ordenado a sus escoltas y otros empleados atacarlos hasta conseguir que confesaran.
Aunque este hecho ha podido exacerbar las diferencias dentro de la formación, lo cierto es que parece que la actuación del TSJ parece ser la respuesta a que varias organizaciones chavistas minoritarias habían anunciado que concurrirán a las elecciones parlamentarias, fijadas para el 6 de diciembre de 2020, en una alianza, en la cual no estará el PSUV. En la llamada “Alianza Popular Revolucionaria” están nueve organizaciones, entre las cuales destacan el Partido Comunista de Venezuela (PCV), la facción de Patria Para Todos (PPT), ahora despojada de su tarjeta, y había la posibilidad de que Tupamaro se uniera.
Lo ocurrido ha disparado las alarmas en los tradicionales aliados del chavismo. Así, desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazaron “la judicialización de los procesos internos de los partidos” y exigieron “respeto a la vida orgánica” de dichas agrupaciones.