La magistrada Indira Alfonzo Izaguirre deberá conformarse con seguir visitando La Habana (Cuba), porque las puertas del resto del mundo se le están cerrando, luego de que a principios de 2018 el Gobierno canadiense la incluyera en su lista de funcionarios venezolanos sancionados por ser sospechosos de atentar contra la democracia y los Derechos Humanos en el país.
Alfonzo, quien es presidenta de la Sala Electoral y segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se ganó este castigo por haber sido la ponente de la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, en la cual el organismo rector del Poder Judicial dejó al estado Amazonas, al sur de Venezuela, sin representación en la Asamblea Nacional (AN) electa el día seis del mismo mes, bajo el argumento de que los comicios en la entidad selvática estuvieron viciados por presiones y compra de votos a favor de los aspirantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La decisión la adoptó el TSJ al admitir la denuncia que intentó la derrotada candidata del chavismo y exministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y ordenar de “forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena”.
El dictamen y la negativa de la AN de acatarlo, alegando que sólo el Parlamento decide sobre su conformación, son la base del argumento del “desacato” con el cual el TSJ ha venido bloqueando y vaciando de competencias al Legislativo.
El pronunciamiento elaborado por Alfonzo es de un gran calado, porque con él la Sala Electoral echó a la basura 15 años de jurisprudencia.
La Sala, en su sentencia número 59 de 2005, dictaminó: “El sufragio, tanto en sentido activo –elegir– como pasivo –ser elegido–, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional”.
Y en ese mismo dictamen, en el cual se respondió un amparo que los miembros electos de una junta de vecinos interpusieron contra los salientes, por cuanto los últimos se negaban a entregarles la administración del organismo, la Sala apuntó: “La fase de ‘proclamación’, no sólo debe entenderse como un pronunciamiento del órgano electoral competente sobre el conocimiento de un determinado resultado electoral, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc”.
Este criterio lo reiteró cuatro años después en su sentencia 117, pero el mismo no es más que la profundización de los primeros fallos de la instancia, la cual en noviembre del 2000 señaló: “Las actas de escrutinio sólo pueden ser impugnadas, una vez que se ha producido la proclamación del candidato vencedor por el Consejo Nacional Electoral, pues es éste el acto que pone fin al proceso electoral”.
La manera cómo Alfonzo ha llevado el caso también ha sido cuestionada, porque más de dos años después aún no hay un pronunciamiento y apenas fue en marzo de 2018 cuando se celebró la audiencia oral y pública donde las partes pudieron exponer sus alegatos. Esta lentitud ha sido muy criticada por la oposición, la cual no ha dudado en compararla con la celeridad para recibir las demandas y anunciar que las revisaría. La magistrada interrumpió el asueto navideño del TSJ para abrir la Secretaría de la Sala Electoral y recibir los recursos del chavismo.
Indira Alfonzo, quien antes de ser desembarcar en el TSJ en diciembre de 2014 fue asistente legislativo junto al chavismo , trabajó en el CNE y en el Ministerio del Trabajo, era considerada cercana al constituyente y exgobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, aunque últimamente se le considera parte del círculo de confianza del actual presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno.