Transparencia Venezuela, 3 de abril de 2023.- “El peor enemigo es el traidor”. En el chavismo han asumido al pie de la letra esta frase del filósofo romano Séneca y, por ello, no han dudado aplicarle a los exfuncionarios y empresarios detenidos en las últimas semanas el mismo patrón que han empleado contra opositores y manifestantes en los últimos años.
Organismos como la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas han denunciado que a las personas que son sometidas a procesos judiciales en el país no se les garantiza el debido proceso ni las mínimas garantías procesales. Estas irregularidades se han vuelto a presentar en los casos abiertos contra los implicados en las tramas de corrupción desarticuladas en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y en el Poder Judicial, tal y como se reseña a continuación:
Fuera de lapso
La ola de detenciones contra presuntos corruptos estalló como escándalo el viernes 17 de marzo, aunque ya el 18 de febrero había sido detenido, según versiones de prensa, uno de los implicados en la trama de corrupción Judicial, Mario Aquino, adscrito al Circuito Judicial Penal de Caracas– por la liberación del integrante del llamado Tren del Llano, Oswaldo José Cheremos Carrasquel-, pero no se conoce la fecha de su presentación.
En el caso de los detenidos por el desfalco a Pdvsa, que extraoficialmente alcanzaría los USD 3.000 millones, fue el 28 de marzo cuando los implicados fueron presentados ante el Tribunal 2 de Control contra la Corrupción y el Terrorismo de Caracas, informó el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab.
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El momento en que se produjo este acto parece estar reñido con lo previsto en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de 1999, que señala claramente que toda persona detenida infraganti en la comisión de un delito “será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”.
Fuera del tribunal
La audiencia a los detenidos por el desfalco de Pdvsa, en la que fueron notificados de los cargos de los que se les acusa, no se celebró en el Palacio de Justicia de Caracas.
El acto tuvo lugar en horas de la noche en la sede que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, según se pudo apreciar en las imágenes que el titular del intervenido Ministerio Público difundió por su cuenta de Twitter.
Sin defensa de confianza
Pese a que tanto la Constitución de Venezuela como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) otorgan a los imputados “el derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza” para cualquier acto judicial, en la audiencia registrada en el Sebin ninguno de los procesados pudo tener a un representante escogido por ellos mismos.
“Hay presentes funcionarios de la Defensa Pública”, anunció la estatal Venezolana de Televisión (VTV) al reportar sobre el acto
Los defensores públicos son aquellos abogados que el Estado asigna a las personas que no pueden costearse uno privado que los represente en los juicios. Y de acuerdo con el numeral 2 del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) estos pueden ser asignados a los imputados cuando sus defensores privados no comparezcan.
Acusaciones con sustento confuso
El Ministerio Público anunció que los detenidos les imputarían los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación, valimiento de relaciones o influencias. Sin embargo, en el caso de los exfuncionarios agregó uno más: Traición a la patria.
“Porque son unos traidores a la patria estos funcionarios que valiéndose de su cargo se burlaron de las necesidades de nuestro pueblo, se ensañaron contra el trabajador, de la ama de casa y el padre de familia para enriquecerse”, justificó Tarek William Saab el pasado 25 de marzo.
El delito de traición a la patria está tipificado en el artículo 128 del Código Penal venezolano de la siguiente manera: “Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.
Una cucharada de la propia medicina
El accionar de las autoridades judiciales seguramente no sorprendieron a los tres exmiembros del Poder Judicial que están siendo procesados por la liberación irregular de un presunto terrorista de la megabanda Tren del Llano: Cristóbal Cornielles Perret, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; y José Mascimino Márquez García, exjuez 4 de Control Antiterrorista de Caracas. Mucho menos a Jorwis Bracho Gómez, extitular del Tribunal 1 de Control de Falcón, acusado por otra trama de la que se tienen pocos detalles.
Pero en especial debe ser familiar para José Mascimino Márquez García, quien desde su reciente ingreso en el Poder Judicial venezolano aplicó parcial o totalmente el patrón arriba descrito en varios de los casos que tuvo en sus manos, como el de los procesados por la llamada Operación Gedeón, el de los indígenas detenidos en la Operación Aurora o contra los dirigentes de Voluntad Popular, Freddy Guevara y Ronald Carreño.
