La organización internacional Human Rights Watch presentó su Informe Mundial 2016, un análisis anual de temas fundamentales de derechos humanos en más de 90 países y territorios en todo el mundo. En su capítulo sobre Venezuela señala que “durante el liderazgo del ex Presidente Hugo Chávez, y ahora del Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos, lo cual ha llevado a crecientes niveles de autocensura”.
Dirigentes políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos, juzgados, condenados e inhabilitados para postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Las autoridades también procesaron penalmente a decenas de ciudadanos de a pie por haber expresado críticas contra el gobierno. Sobre la independencia judicial señala.
“Desde que en 2004 el ex Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradamente han emitido sentencias a favor de este, avalando así su creciente desprecio por los derechos humanos.
La Jueza María Lourdes Afiuni continúa procesada penalmente como consecuencia de una decisión dictada en 2009, en la cual le concedió libertad condicional a un crítico del gobierno. Si bien la decisión de Afiuni cumplía con una recomendación emitida por organismos internacionales de derechos humanos —y era acorde con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al ex Presidente Chávez dispuso su enjuiciamiento por corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Fue puesta en libertad condicional tras un año de prisión y dos años de arresto domiciliario, pero sigue sujeta a proceso penal.
Enjuiciamiento de opositores
En múltiples oportunidades las autoridades venezolanas han abusado de la falta de independencia del sistema judicial para detener y procesar a prominentes dirigentes políticos de oposición.
En septiembre, la justicia condenó al dirigente opositor Leopoldo López a más de 13 años de prisión por diversos delitos, entre ellos el de “incitación pública” a delinquir durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014. También se condenó a tres estudiantes cuyas causas estaban vinculadas con la de López: dos de ellos recibieron cuatro años y medio de prisión, y el tercero una pena de más de diez años. La jueza dispuso que los tres podían cumplir la pena en la libertad condicional.
Durante el juicio de López, la fiscalía no presentó evidencias creíbles que vincularan a López con ningún delito, y la jueza interviniente, que es una jueza provisoria sin garantía de inamovilidad, no permitió que sus abogados aportaran evidencias para su defensa. En octubre, uno de los fiscales acusadores huyó de Venezuela y aseveró que el caso había sido una “farsa”.
Las autoridades también han iniciado o amenazado con iniciar acciones penales contra decenas de venezolanos por criticar al gobierno. Por ejemplo, en febrero, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a un médico y amenazaron con iniciar acciones penales porque había hablado de la escasez de medicamentos en televisión. En abril, agentes del SEBIN detuvieron a un ingeniero luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas, en las cuales criticaba políticas gubernamentales sobre regulación del acceso a la electricidad. En julio, agentes del SEBIN detuvieron a un empresario un día después de haber criticado en televisión políticas económicas del gobierno.
También se ha actuado penalmente contra abogados por brindar asistencia letrada legítima a clientes. Marcelo Crovato fue detenido en abril de 2014 mientras asesoraba a un vecino cuya vivienda había sido allanada ilegalmente durante las manifestaciones. Fue imputado por delitos como “instigación a la desobediencia de las leyes” y “asociación”. Aunque la fiscalía no presentó pruebas creíbles en su contra, Crovato permaneció casi 10 meses en prisión hasta febrero, cuando se le concedió arresto domiciliario por motivos médicos. A la fecha de redacción del presente informe, el proceso penal contra Crovato seguía pendiente.
