Transparencia Venezuela, 28 de abril de 2021.- Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas. Estas son algunas de las “atrocidades” que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales han cometido en el estado Apure desde el pasado 21 de marzo, cuando lanzaron una amplia operación contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se han instalado en la zona limítrofe.
La denuncia la formuló Human Rights Watch (HRW), en un informe publicado el lunes 26 de abril, en el cual la organización internacional pro Derechos Humanos denunció que los atropellos observados siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos perpetrados por las fuerzas de seguridad y que han dado origen a investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI).
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
En su reporte, HRW instó a la Fiscalía de la CPI y a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela a no pasar por alto estos hechos y tratar de identificar a sus responsables. “Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, agregó Vivanco.
Muchos testigos de la barbarie
Para sustentar sus señalamientos contra las autoridades venezolanas, HRW condujo una investigación, que incluyó entrevistas a 68 personas en forma presencial, en el Departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Apure; y otras telefónicas, realizadas
entre marzo y abril de 2021. Al menos 38 de las personas consultadas que huyeron del territorio venezolano eran abogados, líderes comunitarios, periodistas, autoridades locales colombianas o activistas de organizaciones de Derechos Humanos. Visto que la mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela, hablaron bajo la condición anonimato para evitar que fueran identificados.
Tras revelar que examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia, HRW reveló que ni el Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente ni la Defensoría del Pueblo de Venezuela respondieron a sus pedidos de información.
Los venezolanos desplazados manifestaron a los investigadores de la organización que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por uniformados venezolanos.
Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los funcionarios ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
El 21 de marzo los cuatro miembros de una familia habrían sido ajusticiadas efectivos de la GNB y de las FAES, en El Ripial; y luego fueron presentados como una célula insurgente. Unos sucesos que se asemejan demasiado a la masacre de El Amparo, ocurrida también en Apure en 1988 y en la que participaron militares y policías.
“Soy Fabiola Álvarez, mujer del único hijo restante de la familia. Los 2 señores eran mis suegros y los dos muchachos mis cuñados, hicieron una masacre, un falso positivo porque jamás y nunca fueron guerrilleros. Mi suegro era trabajador del campo, mi cuñado un niño, mi suegra una señora de casa que nunca estuvo en la calle; siempre estaba atendiendo su hogar”, denunció una de las supervivientes de los hechos, mediante un audio difundido por el periodista Junior Parra.
Opacidad total
Human Rigths Watch puso en duda que el objetivo real de la operación “Escudo Bolivariano” fuera recuperar el control del territorio en manos de grupos irregulares colombianos.
“Existen varias versiones con respecto a qué generó las hostilidades. Sin embargo, organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos en Arauca, así como entrevistados de localidades y zonas rurales de Apure donde ocurrieron los ataques, dijeron a Human Rights Watch que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el gobierno de Maduro y que, para consolidar el control del tráfico de drogas, intentan eliminar al Frente Décimo Martín Villa, que sería su competencia. Asimismo, los residentes manifestaron haber presenciado fricciones entre el ELN y grupos disidentes de las FARC por el control del área”, señaló la organización en su informe.
Otro aspecto donde resalta la falta de transparencia de parte de las autoridades es la relacionada en el número de detenidos, su identidad y su suerte. “No se ha proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, pero familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos indicaron que inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito, y, semanas después, fueron trasladados a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira”, denunció la organización.
El pasado 5 de abril el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas, así como la destrucción de varios campamentos de presuntos insurgentes.
Pero la opacidad no se limita a las víctimas civiles, sino también a las militares. El mismo día que HRW presentó su informe, el titular del despacho de Defensa venezolano confirmó el desarrollo de “cruentos combates” en sectores “despoblados” de La Victoria, en los cuales se habrían “producido un importante número de bajas a los grupos irregulares”, pero “también fallecieron algunos de nuestros efectivos”.
Padrino López no precisó el número ni la identidad de los uniformados muertos. Sin embargo, desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que extraoficialmente la cifra ascendía 12 militares venezolanos abatidos. De ser cierto esto, sería la peor pérdida de vidas sufrida por la FANB desde la masacre de Cararabo de 1995.
