Transparencia Venezuela, 2 de septiembre de 2021.– La reforma de la justicia venezolana debe ser uno de los puntos centrales de las conversaciones que el Gobierno y la oposición mantienen bajo el auspicio del Reino de Noruega. Así lo demandó Human Rights Watch (HRW), organización que exigió, además, que las conversaciones arrojen medidas básicas para reestablecer el Estado de derecho y garantizar los Derechos Humanos de los venezolanos.
“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de Derechos Humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado publicado este 30 de agosto y en el cual agregó: “Para que una negociación de este tipo sea exitosa, debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, lo cual incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país”.
El pasado 13 de agosto, representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición acordaron buscar vías para garantizar los “derechos políticos para todos”, “garantías electorales para todos” y un “cronograma electoral para elecciones observables”, así como respetar “el Estado constitucional de Derecho”, adoptar medidas para hacer posible la “convivencia política y social”; y renunciar a “la violencia”, entre otros propósitos.
No obstante, al menos hasta el mes de julio HRW acusó a las autoridades de continuar ejecutando “una brutal represión” contra la oposición y la disidencia, que incluye la perpetración de “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas”.
La hoja de ruta
Para que este proceso no corra la misma suerte que los anteriores, la organización internacional presentó una serie de acciones que las partes, en particular el Ejecutivo, debería comprometerse a adoptar y entre ellas destaca la reforma del Poder Judicial con el propósito de “restablecer su independencia”.
Para lograr el objetivo anterior, HRW considera necesario “establecer un mecanismo para nombrar a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso de selección abierto y transparente que cuente con el mayor grado posible de consenso político”, al tiempo que resalta la importancia de “derogar disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos”.
Y, por último, la organización plantea la necesidad de “asegurar que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad”. En otras palabras, combatir la provisionalidad reinante entre los jueces.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, HRW también considera fundamental que el sistema judicial ya no sea un instrumento para perseguir a las voces críticas. “Los representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de asegurar que el Ministerio Público: Deje de fabricar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos. (Que) retire todos los cargos contra críticos, opositores políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por cuestionar acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas”, agrega el comunicado.
Por último, HRW exigió a las autoridades que investiguen de “manera oportuna y exhaustiva los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas”.