Transparencia Venezuela, 21 de noviembre de 2022.- Hasta febrero, en particular hasta el día 28, tendrán el Gobierno y el Ministerio Público para demostrar que sí están investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y rebatir los argumentos del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
El plazo se lo dio la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), instancia que este 18 de noviembre de 2022 respondió el escrito que presentó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faria Tortosa, en el que pedía tiempo para replicarle a Karim Khan y, entre otras cosas, que no se permitiera participar en el proceso a los cinco países americanos (Colombia, Chile, Canadá, Perú y Paraguay) que 2018 presentaron la denuncia contra Venezuela.
“La Sala considera oportuno invitar a Venezuela a presentar cualquier observación adicional derivada de la solicitud del Fiscal, si así lo desea, a más tardar el 28 de febrero de 2023”, se lee en el auto.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI también desechó la petición de las autoridades venezolanas que buscaba impedir a las víctimas de crímenes de lesa humanidad presentar sus alegatos en este momento y, por el contrario, las invitó a ponerse en contacto con esta instancia para exponer su parecer respecto a si consideran que la Fiscalía de la CPI debe conocer sus casos o no.
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“La Sala ordena a la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que se ponga en contacto con las víctimas y sus representantes legales, incluida la Oficina del Protección de Víctimas y los cuatro abogados venezolanos identificados, a fin de recabar sus opiniones o preocupaciones en relación con la solicitud de la Fiscalía, y preparar un breve informe en el que se resuman esas opiniones y preocupaciones”, se lee en el auto, en el cual se invita a las “víctimas” a que participen.
La Fiscalía de la CPI versus el Gobierno de Venezuela
Este pronunciamiento de la Sala de Cuestiones preliminares se produce luego de que a principios de mes el fiscal de la CPI, Karim Khan pidiera a esta misma instancia autorización para retomar las averiguaciones sobre Venezuela, las cuales inició oficialmente el 3 de noviembre de 2021. Esto, tras considerar que las autoridades venezolanas no habían mostrado “genuina” voluntad de castigar los crímenes de lesa humanidad detectados desde 2017.
¿Por qué llegó a esta conclusión el jurista británico Karim Khan? Entre otras razones porque de los 893 casos que el Ministerio Público le informó que estaba investigando 606 (67,86%) siguen en fase de investigación y apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena definitivamente firme dictada por un juez.
Otra razón que es dos terceras de los casos (611) estaban siendo considerados como “delitos menores”. Esto, a pesar de que en realidad podían implicar tratos crueles o detenciones arbitrarias, que son tipificados como “crímenes de lesa humanidad”, es decir uno de los delitos más graves y previstos en el Estatuto de Roma.
Asimismo, Khan consideró injustificado que el 67,86% de los casos continúe en fase preliminar, pese a que han transcurrido casi 6 años desde que ocurrieron algunos de esos hechos.
Y, por último, denunció que las autoridades no han investigado a las cadenas de mando y que las reformas legales y administrativas para hacer más eficiente y eficaz al sistema de justicia no han rendido frutos o no se han aplicado.
Para el primer trimestre del próximo año la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI deberá decidir si Khan está en lo correcto y, por lo tanto, debe continuar investigando o si, por el contrario, Venezuela en realidad está tratando de castigar las graves violaciones a los Derechos Humanos.
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