Transparencia Venezuela, 25 de julio de 2019.- “La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero”. Esta era la opinión que el filósofo francés Donatien Alphonse François de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade, tenía de los jueces del siglo XVIII, pero si viviera en la Venezuela actual su opinión se vería reforzada.
¿La razón? La corrupción es un drama que impide a la justicia castigar a los culpables de un delito y reparar a las víctimas, pese a las tres emergencias y reformas judiciales que ha vivido el país desde 1999, que han provocado la destitución de miles de jueces.
Desde 2004 hasta agosto de 2017, fecha en la que fue intervenido por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, el Ministerio Público había abierto 173 investigaciones por presuntas irregularidades en los distintos juzgados del país, las cuales involucraban a alrededor de 158 jueces o exjueces. El Poder Judicial está conformado por más de 2.100 jueces.
El 49% de estos procesos (85) fueron abiertos entre los años 2015 y 2017 y la mayoría de ellos se relacionaban directamente con hechos de corrupción (exigencia de pagos a cambio de una decisión favorable), con tráfico de influencias, concusión o denegación de justicia, de acuerdo a las estadísticas a las que tuvo acceso Suprema Injusticia.
El estado Miranda, con 16 investigaciones, encabezaba el ranking de jueces investigados. En segundo lugar se encontraba el estado Lara, con 14 investigaciones, seguido por Caracas, con 11; y en el cuarto lugar estaban empatados con cinco cada uno los poderes judiciales de Zulia y Táchira. Caracas es la circunscripción judicial más grande del país, en la cual se encuentran casi 200 juzgados, de los cuales 88 son penales. Por su parte, Miranda tiene tres extensiones (Valles del Tuy, Altos Mirandinos y Barlovento).
Pocas condenas
Para 2017, el grueso de los procesos se encontraba en fase de investigación, aunque solamente en 10 se afirma claramente que estaban en “etapa preparatoria”.
De entre los pocos casos que ya estaban en la fase de juicio se hallaba el expediente seguido contra la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, quien en marzo de 2019 fue condenada a cinco años de cárcel por supuestamente incurrir en “corrupción” al otorgarle en diciembre de 2009 una medida cautelar al exbanquero Eligio Cedeño. Se trata de un directivo bancario a quien el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas pidió liberar porque pasó más de dos años encarcelado en forma preventiva sin haber sido enjuiciado, acusado de estar incurso en irregularidades en el manejo de dólares a mercado oficial.
El fallo contra Afiuni se produjo pese a que los fiscales no lograron demostrar en el juicio que la funcionaria hubiera recibido algún tipo de beneficio material o de otra índole de parte del exbanquero para tomar su decisión.
El segundo caso es el del exjuez 20 de Juicio de Caracas, Alí Fabricio Paredes, quien además de conocer el caso contra Afiuni fue quien condenó a Walid Makled y a sus hermanos por narcotráfico en 2014, pero los exoneró del delito de sicariato. Esta decisión fue cuestionada por el Ministerio Público dirigido por Luisa Ortega Díaz, quien consideró que el juez favoreció a los Makled a cambio de dinero. Este caso se encuentra paralizado en fase de juicio.
Una consecuencia de la lentitud a la hora de resolver estos asuntos, es que funcionarios investigados han continuado en sus cargos acumulando más y más denuncias. Un ejemplo de ello es Marisol López, jueza penal del estado Lara, quien entre los años 2010 y 2015, logró acumular 10 investigaciones en el Ministerio Público por hechos que van sobornos a los procesados, a concusión o abuso de poder.
No obstante, este abultado número de expedientes la funcionaria continuó ejerciendo sus funciones en jueza hasta julio de 2019, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió removerla de su cargo, por presuntas irregularidades, informó la prensa regional.
Dos de los procesos contra la ahora exfuncionaria estaban relacionados directamente con el cobro de sobornos a los acusados a cambio de su libertad. Así en 2013 habría devuelto a la calle al responsable de un homicidio previo cobro de 80 mil bolívares, de acuerdo a la denuncia formulada por los familiares de la víctima ante las Fiscalías 22 de Lara y 28 Nacional. Ese mismo año una mujer, identificada como Marisol Josefina Avedaño acusó a la entonces titular del Juzgado 7 de Control de Lara de estarle exigiendo 150 mil bolívares a cambio de excarcelar a su hijo, quien estaba siendo procesado por su delito grave.
Otro que tiene varios asuntos pendientes en el Ministerio Público es el abogado Víctor Manuel Sandoval Rivas, juez de Paz de Los Teques, quien tenía seis averiguaciones por abuso de poder.
En su reciente informe sobre el país, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció que “la falta de independencia y la corrupción en el Poder Judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
