La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, allanó el camino para destituir y encarcelar a un alcalde opositor en ejercicio. Ocurrió el 12 de marzo de 2014 por medio de una sentencia que, además, buscaba desmovilizar las protestas ciudadanas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Asumiendo la tesis expuesta por el chavismo, un grupo de ciudadanos acudió el 5 de marzo de 2014 a introducir un amparo constitucional contra el regidor del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, y el director de su policía, Salvatore Lucchese, “por omisión de acciones tendentes a prevenir desordenes públicos dentro” de esa jurisdicción.
Gutiérrez admitió la solicitud de los demandantes y ordenó a Scarano, principal dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la entidad carabobeña, que impidiera las protestas en su municipio, “so pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad”, situación que lo exponía a una pena de entre seis y 15 meses de cárcel.
Luego de esta decisión, el 19 de marzo se realizó la audiencia pública sobre el caso, que arrojó como resultado una condena de diez meses y 15 días de prisión contra Scarano, encontrado culpable de desacato.
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