De los cinco miembros de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Guillermo Blanco Vásquez es el único que está formado y que tiene experiencia con demandas por acciones de empresas, herencias, contratos de compra-venta, divorcio y los otros tantos asuntos que se ventilan en los tribunales civiles y mercantiles.
“El vicepresidente, Francisco Velásquez, es laborista; mientras que los magistrados Yván Dario Bastardo, Vilma Fernández y Marisela Godoy han hecho toda su carrera en los tribunales penales”, comentó un excompañero del actual presidente de la instancia.
Una revisión del currículo del funcionario, el cual está disponible en la página web del máximo juzgado, corrobora la afirmación anterior, pues en él se lee que Blanco se licenció en Derecho en la Universidad Santa María en 1987, tres años después consiguió una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y en 2015 otra en Derecho Mercantil en su alma mater.
Asimismo, antes de ser designado en diciembre de 2014 como magistrado del TSJ se desempeñó entre 2002 y 2014 como Juez Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, entre 2004 y 2014 fue el juez rector de la entidad y en 2014 asumió también la coordinación de los tribunales de Protección de Niños y Adolescentes.
De acuerdo a un estudio elaborado por la organización Acceso a la Justicia, Blanco es de los pocos miembros del máximo juzgado que reúne los requisitos para ocupar este cargo, por cuanto tiene más de 15 años de graduado y especialización en el área que ocupa, además fue juez y profesor universitario.
Pese a que hasta ahora no ha dictado ninguna sentencia que lo haya hecho saltar a la palestra pública, este año fue señalado de ser uno de los encargados de presionar a los 13 magistrados que fueron jubilados a finales de 2015 para que dieran ese paso y así permitirle a la Asamblea Nacional aún dominada por el chavismo designar a sus sucesores antes de que se instalara el nuevo Parlamento elegido el 6 de diciembre de ese año y en el cual la oposición consiguió la mayoría de 2/3 partes.
La acusación contra Blanco lo hizo ante la Comisión especial que investiga esos nombramientos el magistrado emérito, Luis Ortiz Hernández.
Desde que asumió la Presidencia de la Sala el funcionario se ha fijado como tarea lograr la aprobación del proyecto de Código Procedimiento Civil redactado durante la gestión de su antecesora, Iris Peña. Sin embargo, no lo consiguió en el último año de la anterior legislatura ni tampoco en los primeros meses de la actual, al parecer por las modificaciones que le hizo al borrador, las cuales le otorgan un poder discrecional a los jueces.
Este año dictó una sentencia donde flexibilizó el concepto de la prueba.
Juan Francisco Alonso