El Gobierno de Nicolás Maduro trató de aprehender a los dos fiscales que Luisa Ortega Díaz envió a Brasil a recabar información sobre el caso Odebrecht días antes de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente interviniera al Ministerio Público y la removiera de su cargo de Fiscal General.
Así lo asegura la funcionaria, refugiada en Colombia desde agosto, en la extensa demanda por delitos de lesa humanidad que el pasado 15 de noviembre presentó en la Corte Penal Internacional contra el Jefe del Estado y cuatro militares de alto rango; y en la cual afirma que “una de las motivaciones primordiales para el desmantelamiento del Ministerio Público y la consecuente persecución de sus funcionarios, fue sin duda las evidencias recabadas en las investigaciones penales de corrupción (…) relacionadas con las irregularidades cometidas por la empresa Odebrecht”.
Ortega Díaz, en su escrito de 495 páginas, relata que a principios de agosto pasado mandó a Brasil al entonces fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y la subdirectora contra la Corrupción, Raiza Sifontes para participar en un interrogatorio y recabar pruebas sobre los sobornos que la constructora brasileña pagó a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.
Ante “la animadversión de los funcionarios del Estado en contra de las actuaciones dirigidas al descubrimiento de la verdad en este caso” decidió que los enviados fueran por tierra hasta Colombia y que de allí tomaran un vuelo hacia Brasil.
“Previniendo (…) que les anularan los pasaportes para evitar la salida del país”, explica Ortega Díaz en su escrito dirigido a la fiscal y a los magistrados de La Haya, a quienes informó que esta política viene siendo implementada por el Gobierno contra opositores y periodistas, para impedirles que asistan a eventos internacionales a denunciar violaciones a los Derechos Humanos.
Sin embargo, las precauciones fueron pocas, según el relato de Ortega Díaz, quien informó que al llegar a la frontera entre el estado Táchira y el Departamento del Norte de Santander, Colombia, los funcionarios venezolanos del Servicio Autónomo de Migración y Extranjería (Saime) le informaron a Lupera y a Sifontes que no podían salir porque “tenían una observación en el pasaporte”, por lo que estos “ubicaron una tarjeta migratoria y salieron de forma irregular al vecino país, estableciendo enlaces con las autoridades migratorias colombianas para poder abordar el avión hacia Brasil”.
Como prueba de las intenciones del Gobierno, la removida Fiscal incluyó en su demanda un mensaje de texto que el general de Brigada de la Guardia Nacional, Danny Ferrer Sandrea, comandante de la Zona 21, envió a sus subalternos.
“Prestar atención señores: estos dos fiscales están siendo requeridos por el Sebin, se presume que van a intentar salir del país por alguna trocha mosca y estar alertas para ver si logramos su detención: Raiza Melvis Sifontes Gómez V13613674 (SUB DIRECTORA DE CORRUPCIÓN),
Pedro Alexander Lupera Zerpa V12062199 (FISCAL 55 NACIONAL)”, rezaba la instrucción a la que tuvo acceso el Ministerio Público.
Información conseguida en Brasil
Ortega Díaz envió a Lupera y a Sifontes a Brasil para participar en el interrogatorio que la Fiscalía de ese país le hizo el 2 de agosto al publicista Joao Santana y a su esposa Mónica Moura. Santana fue el cerebro de la última campaña presidencial 2012 del fallecido Hugo Chávez, y el creador de los famosos “ojos de Chávez” y por ello había pactado con el Gobierno venezolano recibir 35 millones de dólares.
Según la delación que su esposa ofreció a los investigadores brasileños en diciembre de 2016, y cuyo contenido se difundió en mayo pasado, el entonces canciller Nicolás Maduro le pagó personalmente a Moura 11 millones de dólares en efectivo por los servicios de su cónyuge. Además el entonces jefe de la diplomacia venezolana “exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, siendo que los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”.
Santana y Moura forman parte de las decenas de condenados por este escándalo de corrupción en Brasil que han pactado colaborar con las autoridades a cambio de beneficios.
“De las pruebas obtenidas en Brasil, pudimos observar que la información involucra directamente al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a otros altos funcionarios del Estado”, aseveró Ortega Díaz a la Corte Penal Internacional.
Para la Fiscal Ortega Díaz, el Gobierno buscaba impedirle acceder a la información, pero, según ella, no lo consiguió.
