Transparencia Venezuela, 1 de marzo de 2023.- “La única salvación para los vencidos es no esperar salvación alguna”. El gobierno de Nicolás Maduro ha corroborado la veracidad de esta frase del poeta romano Virgilio al atacar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por sus intenciones de continuar las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y detenciones masivas ocurridas en Venezuela, identificado como el caso Venezuela I.
Las autoridades venezolanas embistieron contra el despacho dirigido por Fiscal de la CPI, el jurista británico Karim Khan en el documento que le enviaron a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en el cual lo acusaron de cometer “diversas irregularidades y violaciones al debido proceso” y de hacerse eco “de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Para el Poder Ejecutivo venezolano los más de 100 venezolanos que murieron en la represión a la ola de protestas ocurridas entre en 2014 y 2017, así como los miles de detenidos arbitrariamente, los casi 300 casos de torturados o las desapariciones forzadas temporales y los casi 12.000 ajusticiamientos cometidos por presuntos agentes policiales entre 2012 y 2020 contabilizados por agrupaciones como el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) aparentemente no han ocurrido.
Asimismo, las autoridades denunciaron un supuesto “colonialismo jurídico” que “pretende utilizar la institucionalidad de la CPI con fines políticos”. Hasta ahora solo en el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, se había referido a la instancia internacional de esta manera.
La denuncia como delito en el caso de Venezuela I en la CPI
Entre los vicios que según el gobierno venezolano habría cometido la Fiscalía de la CPI están sus vínculos con las organizaciones no gubernamentales, “lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”, se lee en el comunicado.
Las organizaciones de Derechos Humanos representan a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que la Fiscalía de la CPI investiga y lo que han hecho es suministrar información a ese despacho.
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Solo entre el 19 de enero y el 14 de febrero, 441 personas víctimas de tortura, detenciones arbitrarias o ajusticiamiento – o sus familiares- atendieron el llamado de la CPI y acudieron ante esta instancia para exponer, vía correo electrónico, sus casos, de acuerdo con balance sobre el Caso Venezuela I, publicado días atrás por el organismo internacional y el cual fue reseñado por Suprema Injusticia.
Señalamientos al aire
El gobierno venezolano, en su escrito, también aseguró haber aportado “abundante información que evidenciaría el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018 como parte de la estrategia de cambio de régimen impulsada por el Gobierno de Estados Unidos”. Sin embargo, no precisó cuáles son esas pruebas.
En diciembre de 2021, es decir justo un mes después de visitar Venezuela y de anunciar sus intenciones de investigar los hechos ocurridos en el país el fiscal Karim Khan aseguró que su proceso no buscaba “un cambio de régimen”.
“El trabajo de mi oficina es seguir la evidencia, ver cuál es la realidad, ver si se han cometido crímenes bajo el Estatuto de Roma. Y si se han cometido crímenes, ver si las pruebas revelan quién es el responsable”, añadió Khan en esa ocasión. Una declaración que en su momento las autoridades no cuestionaron.
Pero si los ataques y descalificaciones no fueran suficientes, en el comunicado el gobierno venezolano aseguró que una de las presuntas víctimas de violaciones de Derechos Humanos negó haber sufrido tortura o persecución. En el comunicado se señala que esa persona fue designada por la Asamblea Nacional en 2019, dominada por el partido de gobierno, para ejercer “una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales”. En el texto no se identifica a la presunta víctima.
Hasta este 28 de febrero las autoridades tenían tiempo para responder a la petición que hiciera el fiscal de la CPI, Karim Khan a la Sala de Cuestiones Preliminares para que le permitiera retomar sus investigaciones sobre Venezuela.
En un mes 441 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos han expuesto sus casos ante la CPI
