Transparencia Venezuela, 04 de junio de 2021.- El juicio que el Banco Central de Venezuela (BCV) inició en mayo de 2020 en los tribunales británicos, para conseguir que el Banco de Inglaterra le entregue los casi 1.000 millones de dólares en oro que tiene en sus arcas, pica y se extiende. Así en el asunto ya no solo están involucradas las directivas del instituto emisor designadas tanto por Nicolás Maduro como por la Asamblea Nacional electa en 2015, sino que ahora que también participará el Gobierno británico.
La Corte Suprema del Reino Unido ha autorizado al ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, a participar en el proceso que el máximo juzgado del país europeo celebrará entre el 19 y 21 de julio próximo, para determinar quién tiene la autoridad para decidir la suerte de las más de 30 toneladas de material preciado que el BCV tiene depositadas en Londres.
La directiva del BCV encabezada por Calixto Ortega Sánchez ha informado al Banco de Inglaterra que desea vender parte del oro, alrededor de unos 1.200 millones de dólares; y transferirle esos fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir ayuda humanitaria, medicamentos y equipos necesarios para combatir la pandemia COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, la directiva ad hoc del ente emisor, nombrada en 2019 por la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, se opone a esta medida por considerar que los fondos corren el riesgo de ser utilizados para adquirir armas para reprimir a la población o porque simplemente se perderán en corrupción.
En virtud de que el Gobierno británico – al igual que casi 50 gobiernos en todo el mundo- reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, desde febrero de 2019, y en vista de que sobre el BCV pesan sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, el Banco de Inglaterra se ha negado a movilizar el oro; y por ello la administración de Maduro ha entablado un litigio que ya tiene más de un año.
El chavismo se muestra optimista
Los abogados británicos que representan al BCV alineado con el Gobierno de Maduro creen que el máximo juzgado británico ratificará la decisión de la Corte de Apelaciones, que a finales de 2020 anuló un fallo de un juez de instancia que consideró que Guaidó y la directiva ad hoc del BCV nombrada por la Asamblea Nacional de 2015 eran las autoridades que podían disponer del oro, pues el Gobierno británico los reconocía como las “legítimas”.
“Los observadores internacionales que no estén familiarizados con la doctrina de ‘una voz’ pueden sorprenderse con la sugerencia de que una mera declaración de reconocimiento político por parte del gobierno del Reino Unido puede despojar a un soberano extranjero de los activos depositados en Londres para su custodia, sin ningún recurso en la corte inglesa. La situación es tanto más insólita cuando, como aquí, el resultado pretendido por los representantes del señor Guaidó no puede sostenerse frente a los hechos sobre el terreno, porque el gobierno de Maduro ejerce un control total de facto sobre el territorio y el aparato del Estado, mientras que el oponente, que reclama casi 2.000 millones de euros en reservas de oro, no tiene capacidad para realizar ni siquiera las funciones más básicas del Gobierno”, afirmó el abogado Leigh Crestohl.
Tras advertir que el resultado de este caso “bien puede afectar el atractivo de la City de Londres y el Banco de Inglaterra como depósito seguro de activos soberanos extranjeros”, el profesional del Derecho cree que el hecho de que Guaidó no haya participado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 le ha quitado la legitimidad que le atribuye el Gobierno británico y lo pone en una condición “cuestionable” desde el punto vista legal.