La magistrada que ha generado revuelo en la opinión pública

Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional. Su carrera en la judicatura pasó inadvertida hasta que fue postulada en dos oportunidades por el extinto Movimiento Quinta República (MVR, ahora Partido Socialista Unido de Venezuela) para disputarle la Gobernación de Nueva Esparta al dirigente opositor, Morel Rodríguez. No pasó la prueba electoral. Finalmente fue inscrita en la lista de aspirantes a integrar el Tribunal Supremo de Justicia y se convirtió en magistrada con el apoyo de la bancada oficialista.

Durante la gestión del difunto presidente Hugo Chávez, ocupó distintos cargos en la administración pública: directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, ministro consejero en la embajada de Venezuela en España, cónsul general de Venezuela en Madrid, embajadora ante España y procuradora general de la República. También fue miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional y diputada suplente a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta.

Gutiérrez tomó juramento como magistrada de la Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010 en la Asamblea Nacional. La junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia la designó como su representante en la Misión Justicia Socialista el 16 de enero de 2011, y alcanzó la presidencia de la Comisión Judicial el 23 de febrero de 2011 por decisión de la Sala Plena del TSJ.

Además de ser la máxima responsable del Poder Judicial venezolano, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, ha sido la ponente en casos que generado revuelo en la opinión pública. Los fallos elaborados por Gutiérrez han servido para justificar la destitución de la alcaldesa opositora de Guasdualito, Lumay Barreto, negar la posibilidad de obtener datos oficiales sobre la política para erradicar la violencia contra la mujer, y avalar el uso de captahuellas para la compra de alimentos y medicinas, entre otros casos.

Destitución de la alcaldesa de Guasdualito

El voto popular le infligió una derrota al chavismo. Pero el voto de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, le regaló un triunfo, pasando por encima de la voluntad del pueblo.

Atendiendo una solicitud presentada por un grupo de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 27 de febrero de 2015, el TSJ decidió apoyar la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez (Guadualito) del estado Apure, Lumay Barreto. El fallo, emitido el 1 de junio del mismo año, permitió al oficialismo reconquistar un espacio que le había sido negado por la ciudadanía en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013

El máximo juzgado del país defenestró a la opositora Barreto y dio la razón a los ediles chavistas, que denunciaron “graves irregularidades” y un “vacío de autoridad” que habría “quebrantado el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal”. De esa manera, la ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez validó la tesis de que la regidora de Guasdualito se había ausentado de su despacho sin cumplir los trámites legales.

Barreto forma parte del partido Voluntad Popular (VP), cuyo líder fundador, Leopoldo López, está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014 acusado de conspirar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Antes que a Barreto, el Poder Judicial había removido y encarcelado al alcalde de San Cristóbal (Táchira) y dirigente de VP, Daniel Ceballos, por las protestas que sacudieron a la nación en 2014. Igualmente, otros dos miembros de la dirección de VP, Antonio Rivero y Carlos Vecchio, marcharon al exilio para evitar las órdenes de capturan que pesan en su contra.

Conocida la sentencia, Barreto recordó que desde que asumió la Alcaldía de Guasdualito tuvo que enfrentar los ataques del gobernador del estado Apure, Ramón Carrizález (PSUV), y de Miraflores. “El Gobierno no permitió en ningún momento que yo ejerciera mi posición de alcaldesa como tenía que hacerlo. Se llevaron las maquinarias de la Alcaldía y desmantelaron la institución”, declaró a los medios.

El 8 de octubre de 2013, 11.006 vecinos de Guasdualito desafiaron el poder del PSUV al elegir a una mujer opositora como alcaldesa de un emblemático municipio llanero. Menos de dos años después, siete magistrados silenciaron la voz del pueblo y le devolvieron al chavismo su bastión apureño.

En contra de divulgar información sobre violencia contra la mujer

La Dama de la Justicia no ayuda a conocer las políticas para eliminar la violencia contra la mujer. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazó exigir al Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género que ofreciera información sobre ese particular.

El director de la asociación civil Espacio Público, Carlos Correa, acudió al TSJ el 19 de marzo de 2012, luego de chocar contra el muro de opacidad que levantó la ministra Nancy Pérez Sierra. Correa había planteado tres preguntas al despacho de Pérez Sierra:

1. ¿En cuál de los Viceministerios se ubican los programas orientados a la prevención, seguimiento y diseño de políticas en relación a la Violencia contra las Mujeres?

2. ¿Existe un Plan de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres? En caso de que exista, solicitamos nos suministre copia de dicho plan.

3. ¿Cuáles son los principales resultados de impacto de los programas relativos a la violencia contra las mujeres obtenidos en el desarrollo de estas políticas públicas en los años 2008, 2009 y 2010?

La respuesta a esas tres inquietudes fue una: el silencio. Entonces, Correa pidió la intervención del TSJ, que el 23 de mayo de 2012 apeló a formalismos para mantenerse al margen de este asunto. La magistrada ponente, Gladys Gutiérrez, argumentó que el representante de Espacio Público ha debido transitar otras “vías judiciales” antes de alzar su voz frente a la cúpula del Poder Judicial.

Con este fallo, los magistrados dejaron en evidencia que prefieren quedarse en los detalles, en lugar de entrar de lleno en el fondo de la falta de transparencia. El artículo 51 de la Constitución subraya que “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”; al tiempo que el 141 sostiene: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Captahuellas para comprar alimentos y medicinas

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia dejan huella en el consumidor venezolano. La Sala Constitucional del máximo juzgado rechazó la demanda presentada contra la utilización del sistema biométrico – captahuellas- para la compra de medicinas y alimentos.

El presidente del partido Copei, Roberto Enríquez, encabezó a un grupo de ciudadanos que el 10 de septiembre de 2014 solicitó al TSJ que refrendara la “inaplicabilidad del sistema biométrico o captahuellas”, bajo la premisa de que el mismo atentaba contra “los derechos a la salud, a disponer de bienes y servicios de calidad y a la seguridad alimentaria”.

Los demandantes advertían que “el Estado, en vez de solucionar el problema alimenticio y de salud facilitando su acceso, implementa mecanismos engorrosos e incómodos” que dificultan a los venezolanos el acceso a los bienes esenciales.

Sin embargo, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, desechó la petición el 7 de abril de 2015 en estos términos: “los argumentos que plantean carecen de un mínimo de pruebas que avalen la pretensión y que, por ende, permita advertir la existencia de la señalada amenaza para la población, de manera que no pueda evaluarse el perjuicio que pudiera ocasionar la implementación de este sistema biométrico de identificación, en especial, en los derechos invocados por los accionantes, como lo son los derechos a la salud, a la alimentación  y a disponer de bienes y servicios de calidad”.

Un mes antes de que Gutiérrez emitiera este fallo, el presidente Nicolás Maduro había anunciado que se pondrían en funcionamiento 20 mil máquinas captahuellas en establecimientos de alimentos públicos y privados. En agosto de 2014, Maduro también declaró que “el captahuella es un sistema liberador”.