La magistrada Gladys Gutiérrez es poco dada a hablar. En los casi cuatro años que tiene al frente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) apenas si ha concedido entrevistas y ha realizado declaraciones, sin embargo en los tres discursos de inicio de actividades judiciales que ha ofrecido y en sus sentencias ha dejado en claro que ella se ve como la defensora del orden chavista.
“El Poder Judicial garantizará la inexorable protección del orden constitucional legítimamente constituido y legalmente instaurado”, advirtió en febrero de 2015, cuando aseguró: “El Tribunal Supremo de Justicia, fiel al cumplimiento de su misión jurídica, se mantiene alerta para dar curso con la urgencia que corresponda, a las solicitudes del pueblo en demanda de justicia para el restablecimiento de normas constitucionales que puedan verse disminuidas ante cualquier afectación a la tranquilidad, la paz social y el normal desenvolvimiento de la dinámica cívica en el territorio nacional”.
No hay que olvidar que un año antes, en el marco de las protestas de 2014, la Sala Constitucional destituyó y encarceló a dos alcaldes opositores por supuestamente incumplir su orden de levantar las barricadas que manifestantes habían instalado en las calles de dos de sus municipios, aún cuando no es competencia de ella adoptar semejante medida.
En esa ocasión Gutiérrez no dudó en calificar como “actos de violencia terrorista” las manifestaciones antigubernamentales.
Por su parte, en su discurso de 2016 la magistrada anunció la disposición del TSJ, en particular de la Sala Constitucional, a bloquear cualquier iniciativa de la Asamblea Nacional controlada por la oposición que fuera contra los intereses del chavismo, al advertir: “Proseguiremos con el pujante cumplimiento de las metas y objetos que nos hemos propuesto en el referido Plan Estratégico, siendo vigilantes del normal desenvolvimiento de la institucionalidad, resolviendo las causas que se nos presenten y advirtiendo cualquier falla que pueda atentar contra la plena vigencia y observancia de la Constitución, sirviendo de protección al pueblo ante cualquier embate que pretenda revertir sus derechos y beneficios sociales, en el marco que aquella establece”.
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Asimismo dejó en claro que no toleraría ningún intento del Parlamento por controlar su despacho. “Siendo que el TSJ tiene carácter supremo como lo dispone el artículo 335 de la Constitución (…) la supremacía del órgano supone la no revisibilidad de sus actos, y esto porque la supremacía, por definición, excluye la posibilidad de recurrir a un órgano superior, pues en tal caso, el órgano recurrido no tendría la categoría de supremo”.
Gladys Gutiérrez tampoco ha dudado en cerrar filas con el Gobierno y con funcionarios como el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en controversias como la suscitada con el Gobierno de Estados Unidos por la ley que el Congreso de ese país aprobó y la cual autorizó al presidente Barack Obama a sancionar a funcionarios venezolanos sospechosos de violar los Derechos Humanos, con el retiro de la visa y la congelación de bienes en ese país.
“El TSJ ha sido y seguirá siendo baluarte para garantizar la estabilidad institucional, así como para preservar la paz pública y el normal desenvolvimiento del desarrollo nacional; rol que se intensificó por los pretendidos agravios a los principios de soberanía, igualdad e independencia de la República”, dijo, al recordar las dos sentencias que en 2015 dictó supuestamente anulando tanto la ley como las sanciones.
Juan Francisco Alonso
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