Transparencia Venezuela, 22 de abril de 2022.- Desde que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente lo designó como fiscal general de la República, Tarek William Saab viene asegurando que el castigo a la corrupción es una de sus prioridades. Sin embargo, los datos que el propio funcionario ha proporcionado revelan que el Ministerio Público venezolano es hoy menos eficiente en esta tarea de lo que lo era durante la gestión de la ahora disidente Luisa Ortega Díaz.
“Hemos judicializado a 113 funcionarios, 99 han sido aprehendidos, 95 han sido acusados y 32 han sido condenados. Además, hay 97 órdenes de aprehensión por materializar”, afirmó Saab el pasado 8 de abril el presentar su informe de gestión del Ministerio Público correspondiente a 2021 ante la Asamblea Nacional.
Asimismo, reportó a los diputados que el año pasado fueron detenidas 1.453 personas por presuntos hechos de corrupción, de las cuales 1.871 fueron imputadas, 1.693 acusadas y 723 fueron condenadas por admisión de los hechos y otras 75 tras juicios orales y públicos.
El número de fallos en los que los jueces declaran a alguien culpable de cometer irregularidades administrativas es donde queda de manifiesto el peor desempeño del Ministerio Público. En 2017, Ortega Díaz aseveró que un año antes sus fiscales imputaron a 3.165 personas por presuntos hechos de corrupción, mientras que terminaron acusando a 2.167 y consiguieron que los jueces enviaran a prisión a 979; es decir 18% más lo que registrado un lustro después.
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Otro ámbito donde se observa un retroceso es en lo relacionado con los bienes y fondos incautados. Tarek William Saab informó a los diputados de la Asamblea Nacional que en 2021 su despacho consiguió congelar activos por un valor de USD 14.000.000, una cifra que es tres veces menor a la que se presentó en el último año de gestión de Ortega Díaz, cuando solamente en el marco de las investigaciones relacionadas con ilícitos cambiarios se recuperaron USD 45.000.000, según figura en el informe del Ministerio Público del 2016.
Tarek William Saab se centró en la corrupción en Pdvsa y en el interinato
Tarek William Saab en su intervención ante el Parlamento, que se extendió por más de una hora, informó que Pdvsa y el llamado Gobierno interino centraron su atención el año pasado.
Saab informó que tiene abiertas investigaciones relacionadas con 26 tramas de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
También aseguró que hay otras 23 averiguaciones contra el interinato, que incluyen desde presuntas irregularidades en la distribución de ayuda humanitaria, supuestos malos manejos en empresas estatales en el extranjero como Citgo y Monómeros hasta los intentos por “despojar” a la República de la reserva de oro en el Banco de Inglaterra.
“Se han solicitado 59 órdenes de aprehensión, se han practicado 21 allanamientos, se han realizado 15 incautaciones y se han solicitado 218 solicitudes de bloqueo de cuentas”, enumeró, para luego calificar de “organización criminal” al Gobierno interino.
¿Presos políticos?
Tarek William Saab aseguró que el Ministerio Público ha jugado “un rol estelar, protagónico” en la estabilización del Gobierno de Nicolás Maduro, pues “hemos judicializado tanto a los que han optado por el terrorismo para desestabilizar al país como lamentablemente a quienes siendo funcionarios han cometido actos al margen de la Constitución y la ley”.
Saab dijo que 209 personas han sido aprehendidas por su presunta participación que las conspiraciones o supuestos planes insurreccionales desarticulados por las autoridades en los últimos años, de los cuales 202 están privadas de libertad, 205 han sido acusadas, 62 condenadas por admisión de los hechos y hay 102 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
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Aprovechando el tema, rechazó que organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos consideren a los encarcelados como “presos políticos”.
“¿Son presos de conciencia? ¿Están presos por haber dado un discurso en una plaza y haber impactado política en ejercicio de su libertad de expresión? ¿Están por haber escrito un libro como ocurría en los años 60, 70, 80 o 90?”, ironizó Saab.
Foro Penal afirmó la semana pasada que en Venezuela hay 240 presos políticos, de los cuales 110 son civiles y 130 militares. El Gobierno de Estados Unidos acusa a la gestión de Maduro de tener “centenares” de personas encarceladas por motivos políticos.
¿No hace falta la investigación de la CPI sobre Venezuela?
Tarek William Saab aprovechó su informe anual para volver a criticar la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“En materia de Derechos Humanos no hemos necesitado que venga un experto, un comisario de una transnacional de justicia para nosotros actuar en el sistema interno. En Venezuela las violaciones a los Derechos Humanos se sancionan, persiguen y juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico (...) Sinceramente no hace falta que la CPI investigue. Lo vamos a demostrar”, dijo el funcionario.
Para sustentar sus señalamientos afirmó que, en 2021, al menos 232 policías y militares fueron imputados por presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos, mientras 97 fueron condenados. Sin embargo, Tarek William Saab no precisó si el Ministerio Público venezolano ha abierto alguna investigación contra los superiores jerárquicos de los autores materiales de los crímenes en Venezuela.
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El hecho de que las autoridades se limiten a sancionar a los perpetradores de los crímenes, pero no a los posibles instigadores o planificadores de estos hechos no se puede considerar justicia plena ni una reparación adecuada para las víctimas y sus sobrevivientes. Así lo dejó en claro la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe oral presentado en marzo pasado.
“Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos de Albán y de Acosta Arévalo son ejemplos de ello”, señaló la instancia en su reporte.
Asimismo, la Misión indicó que el hecho de que Tarek William Saab no presente información detallada sobre sus actuaciones “continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones (a los Derechos Humanos)”.