Transparencia Venezuela, 25 de agosto de 2022. Lo de declararse “indigente económicamente” no le salió bien a la exenfermera de Chavéz Claudia Patricia Díaz Guillén, la también extesorera de Venezuela que es acusada por Estados Unidos de recibir al menos USD 65 millones en sobornos cuando ejercía ese cargo.
Mientras su defensa intenta desvincularla del acaudalado empresario Raúl Gorrín Belisario, acusado en este proceso judicial, la Fiscalía estadounidense planteó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida que la defensa de la exenfermera de Chavéz pudiera ser financiada por el magnate venezolano, y que de no ser así ella podría tener activos ocultos.
“El señor Gorrín es un individuo muy rico. El señor Gorrín enviaba dinero por todo el mundo a muchas personas por razones que la defensa desconoce, pero no tienen ninguna relación con la señora Díaz Guillén”. Ese argumento lo sostiene la abogada Marisell Descalzo al tratar de desvirtuar la acusación contra su cliente, la exfuncionaria venezolana, e insistir en que Estados Unidos no tendría jurisdicción para enjuiciarla.
En el transcurso del proceso, la abogada de la exenfermera de Chavéz asegura que la Fiscalía obstaculiza su defensa e insiste en que la mujer sea juzgada en libertad.
El peso de la sanción de la OFAC recae sobre la exenfermera de Chavéz
La Fiscalía replicó. Sostiene que Claudia Patricia Díaz Guillén no puede obtener el beneficio de libertad provisional porque ella está sancionada por la OFAC y, conforme al reglamento que rige esa medida, ninguna empresa o ciudadano en Estados Unidos puede hacer transacciones financieras a favor de la extesorera venezolana para pagar su fianza, ni siquiera su abogada, Marisell Descalzo.
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¿Quién financia su defensa? La Fiscalía se pregunta cómo Díaz Guillén paga su defensa o podría pagar una eventual fianza si la misma acusada ante el tribunal “informó que no tiene activos ni pasivos” y que es “mantenida económicamente por su esposo coacusado fugitivo, Velásquez” (Adrián José Velásquez Figueroa). Señala que la exenfermera de Chavéz no tiene una licencia de la OFAC para recibir fondos de los “coacusados fugitivos” Velásquez Figueroa y Gorrín Belisario.
“Por lo tanto, el abogado (Marisell Descalzo) está potencialmente en violación de las regulaciones de las sanciones de Estados Unidos o el abogado está recibiendo fondos del demandado”. Si la abogada sí recibe financiamiento de Díaz Guillén se podría tratar de “activos no revelados” que “podrían ser usados para huir”, dice el documento presentado por la Fiscalía ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en respuesta a las solicitudes de la defensa.
Si la extesorera recibe dinero de Gorrín Belisario o de su esposo Velásquez Figueroa, la abogada se arriesgaría a “responsabilidad penal”.
“No hay absolutamente ningún rastro de la Sra Díaz Guillén aquí”
La abogada Marisell Descalzo insiste en que Estados Unidos no tiene jurisdicción para procesar a Díaz Guillén, porque los hechos señalados no habrían ocurrido en este país y que la Fiscalía carece de pruebas.
La defensa argumentó que habría solo tres documentos, dos de ellos son del Tesoro Nacional de Venezuela que certifica que este organismo aceptó, con la firma de Díaz Guillén, una oferta de una persona identificada como Peter Valero para comprar un bono a nombre de una empresa suiza llamada Bellsite. La defensa señala que no habría nada en el bono “que refleje un precio preferencial” y “un nexo con los Estados Unidos”.
El tercer documento es un correo electrónico de Raúl Gorrín Belisario a su banco en Suiza solicitando que se depositen fondos en Venezuela “para la compra de un bono”.
Descalzo sostiene que la Fiscalía se aferra a “un gancho jurisdiccional” basada “en dos transacciones, y una hoja de cálculos”, en la que no aparece el nombre de la exenfermera. También se menciona una corporación denominada Patric Love Holding, Inc, una empresa en Estados Unidos en la que el esposo de la enfermera, Adrián José Velásquez Figueroa figura como director, pero en la que tampoco está el nombre de la acusada.
En esa compañía salta un nuevo nombre junto: Mercedes Torres. El alegato de defensa es que Torres no tiene relación con la extesorera y que el 16 de mayo de 2013 Raúl Gorrín Belisario hizo una transferencia a esa empresa por USD 4.000.000, cuando Claudia Patricia Díaz Guillén ya no era la tesorera de la Nación.
Por los momentos Díaz Guillen continuará detenida, sin fianza, y con un juicio que iniciaría en octubre, si no hay cambios.
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