Rafael Ramírez está en horas bajas. En apenas días ha visto como su primo, el empresario Diego Salazar era detenido. Fue forzado a renunciar a su cargo de embajador ante Naciones Unidas y ahora enfrenta una investigación por parte del Ministerio Público de Tarek William Saab, por las presuntas irregularidades que rodearon su gestión de más de una década, al frente del Ministerio de Energía y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Sin embargo, el anuncio del fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, de que su despacho tiene en la mira al exfuncionario, se produce casi un año después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la investigación que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional inició por los mismos motivos, alegando que la imagen de él y de la estatal petrolera podía verse afectada.
El también presidente de turno del Consejo Moral Republicano justificó su decisión indicando que durante los allanamientos a las propiedades del primo del ex embajador, ex ministro y ex presidente de Pdvsa se consiguieron elementos que lo incriminaban en irregularidades como el desvío de fondos públicos a cuentas en Andorra y en la venta de crudo.
“Producto de las propias indagaciones y lo que han revelado las pesquisas, se han incautado varios documentos que han sido traducidos del catalán al castellano y nos han llevado a que, aparte de las privativas de libertad de José Enrique Luongo y Diego Salazar Carreño [representantes de Antigua Omega INC, una de las 40 empresas fantasmas involucradas] hemos decidido abrir una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez”, soltó Saab, quien agregó: “En uno de los documentos revisados en torno a estas indagaciones, Diego Salazar, detenido por el caso y primo hermano de Ramírez, señala e incrimina directamente al ex titular de Pdvsa como su socio directo en operaciones de intermediación y compraventa de petróleo”.
Al hacer el anuncio, el Fiscal provisorio volvió a cuestionar la gestión de su predecesora, Luisa Ortega Díaz, a quien acusó de paralizar las investigaciones relacionadas con las cuentas millonarias halladas en la intervenida Banca Privada d’Andorra y anunció que serán reabiertas averiguaciones como las de los Panamá Papers y que será investigado nuevamente el general Víctor Cruz Weffer, por sus gestiones al frente del extinto Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) y el plan Bolívar 2000.
En el caso de los Panamá Papers, el Ministerio Público, durante la gestión de Ortega Díaz, logró la detención de dos familiares de dos señalados (Adrián Velásquez y Claudia Díaz), pero un tribunal les levantó la medida meses después. Por su parte, el caso del general Cruz Weffer, a quien en 2007 se le abrió una investigación por el enriquecimiento ilícito detectado por la Contraloría General de la República, jamás llegó a celebrarse el juicio debido a retardos imputables a los tribunales.
El 16 de julio de 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a petición de la Fiscalía, anuló un fallo de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas que avaló a su vez otro del Tribunal 25 de Juicio, que cerró el caso contra el que ex comandante general del Ejército y ordenó a la Corte de Apelaciones dar marcha atrás y enviar al banquillo de los acusados al uniformado.
No obstante, casi cuatro años después nada se ha sabido del caso y uno de los magistrados que favoreció a Cruz Weffer, a quien se ordenó procesar, Elsa Gómez, no solo no fue investigada sino que hoy es magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ.
Saab, sin embargo, no ha dicho nada del proceso contra la exministra de la Salud, Eugenia Sader, el cual también permanece paralizado gracias a los tribunales.