El Fiscal Zair Mundaray, Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, aseguró “con elemento probatorio” que la situación de Derechos Humanos en Venezuela es aún peor que la que expuso el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, en su informe publicado el pasado mes de agosto.
Al tomar parte en un evento organizado por UN Watch en Ginebra, Mundaray denunció que existe un funcionamiento anómalo del Estado venezolano, ante un proceso permanente de desinstitucionalización y la “consolidación de un andamiaje jurídico diseñado para el favorecimiento y la protección de la criminalidad organizada”, en especial aquella que se ejerce a partir de la función pública con total impunidad.
Señaló que las violaciones a los derechos humanos no son condenadas, sino que son premiadas sonoramente, contraria a la recomendación del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU.
Mencionó varios ejemplos entre ellos: la condecoración del coronel Bladimir Lugo, luego de agredir al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y a una periodista, el caso del Mayor General José Benavides Torres, señalado como responsable de múltiples violaciones de derechos en el marco de las recientes protestas y quien, al día siguiente de ser citado por estos cargos, fue designado Jefe de Gobierno del Distrito Capital, cargo que le otorgó fuero de protección especial truncando así la acción de justicia del MP. Caso similar, lo ocurrido con el actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, quien fue ascendido a General en Jefe, lo que generó un impedimento para su enjuiciamiento.
Aseveró que han documentado, al menos, tres casos más en los que se impone un sistemático impedimento del ejercicio de la función de la justicia por parte del MP cuando se trata de violaciones graves a derechos fundamentales y la comisión de delitos contra la corrupción. Tenemos “suficiente información probatoria que nos permite sostener que nos encontramos ante una actividad sistemática, que ocurre con la participación directa de las autoridades del Gobierno y en algunos casos con su permisividad”, añadió.
Mundaray dijo que las instalaciones de Ministerio Público fueron ocupadas militarmente el 5 de agosto, y sus autoridades sustituidas por acto de fuerza, carente de sustento jurídico válido, luego de que los miembros de esa institución adelantaran investigaciones independientes sobre los hechos de corrupción y violación de derechos fundamentales ocurridos en el país.
Denunció que los funcionarios del MP han sido objeto de persecución por parte de las autoridades venezolanas que pretenden impedir que se conozca el resultado de las investigaciones de los delitos que se cometen desde el ejercicio de poder político.
Clap como mecanismo de control político y social
Zair Mundaray indicó que el modelo político que se gesta en Venezuela, en el que predomina una forma única de pensamiento, ha alineado todas las instituciones creando mecanismos de control social que vulnera los derechos más elementales de la población.
Mencionó el caso de los alimentos repartidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), donde las personas deben estar afiliadas a una forma de organización afín al modelo político: el consejo comunal, el carnet de la patria, o ser miembro de los Clap, para poder adquirir alimentos de primera necesidad. “Son un sistema perverso, discriminatorio y corrupto para la distribución de alimentos que ha dejado grandes ganancias a un grupo selecto del poder político, hecho que está siendo investigado junto a otros Ministerios Públicos de la región”, señaló.
Uso indebido de la fuerza por cuerpos de seguridad del Estado
El Fiscal asegura que el Gobierno en 2015 dio poder ilimitado a los cuerpos policiales a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), “lo que que sirvió como un ensayo para el control de las manifestaciones de 2017 a través del llamado Plan Zamora”.
A su juicio, esta delegación debilitó el Estado de Derecho y menoscabó las funciones del sistema de justicia, porque los cuerpos policiales empezaron a generar un patrón permanente de violación de los derechos fundamentales. “El uso desmedido de la fuerza, allanamientos masivos, destrucción de la propiedad privada, tratos inhumanos, crueles y degradantes fueron el signo de actuación de los cuerpos policiales durante las protestas del año 2017”.
Para el control de manifestaciones, ha habido patrones de comportamiento que advertimos y no fueron corregidos, como el uso de armas de fuego, la modificación de municiones para aumentar su letalidad con metras o esferas metálicas, el uso desmedido de gases tóxicos en zonas de población vulnerable como por ejemplo cerca de centros médicos y escuelas, detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos masivos. “En nuestro criterio es una línea de acción claramente definida que conecta cada una de las acciones institucionales tendente a la progresiva negación de los derechos de los ciudadanos” agregó el funcionario.
Criminalización de la disidencia política
Reveló que el Ministerio Público cuenta con pruebas y suficiente información que nos permite decir que ha habido casos construidos por la policía mediante siembra de evidencia incriminatoria en contra de la disidencia política o de periodistas, en caso como: Carlos Melo, Yon Goicoechea, Coromoto Rodríguez, el concejal José Vicente García y los periodistas Braulio Jattar y Alejandro Puglia. Actuamos jurídicamente en consecuencia, esto provocó que, en lo sucesivo, casos como el de Gilber Caro, Stacy Escalona, Wilmer Azuaje, entre otros, fueran procesados por la jurisdicción militar, donde existe una absoluta subordinación al Poder Ejecutivo.
Todos estos casos de detenciones arbitrarias y siembra de pruebas tienen un algo en común, los ciudadanos “fijaron una postura crítica ante el Gobierno” lo que les valió su ilegal encarcelamiento, con el agravante de que algunos permanecen detenidos a pesar de las órdenes de excarcelación que se han dictado a su favor.
Mundaray pidió que se mantenga el foco sobre la violación sistemática de los derechos fundamentales en Venezuela, pues la comunidad internacional no puede tolerar las atrocidades que ocurren y que haya una imposibilidad para que se haga justicia.