Transparencia Venezuela sorprendida por la grave conducta exhibida el 8 de junio de 2017 por la fiscal segunda, Roxana Orihuela Gonzatti, durante la audiencia pública celebrada en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La referida fiscal apoyó el silencio del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a 303 denuncias de violaciones a la Ley de Procesos Electorales (LOPRE) cometidas durante la campaña electoral de las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, tanto por candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como por aspirantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Las denuncias, formuladas por ciudadanos, fueron presentadas por esta organización en la Sala Electoral en enero de 2016, y tienen que ver con campaña adelantada, uso de recursos oficiales y apoyo de funcionarios gubernamentales a abanderados.
A pesar de que la Constitución Nacional y la LOPRE establecen que los venezolanos tienen el derecho de presentar solicitudes y denuncias ante los órganos de la administración pública y obtener de ellos una oportuna y adecuada respuesta, la fiscal apoyó el silencio del CNE ante el centenar de denuncias, argumento que el derecho de petición debía tener límites contrarios a los establecidos en la Constitución y pretendió descalificar a Transparencia Venezuela como accionante.
Ante cuatro magistrados de la Sala Electoral, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Christian Tyrone Zerpa, Malaquías Gil Rodríguez, Jhannett Maria Madriz Sotillo, la fiscal Orihuela no evaluó el proceder del CNE, sobre el que pesan las denuncias. Ni siquiera se refirió al incumplimiento reiterado del CNE en su deber de consignar el expediente administrativo en la causa o a su falta diligencia procesal en la promoción de pruebas ni a las inasistencia de representantes del CNE a la audiencia. En su lugar, atacó al denunciante y pretendió descalificar a Transparencia Venezuela, con señalamientos tales como: «es una organización que no actúa objetiva y limpiamente», «que apoya la guerra mediática», «con parcialidad política» y «siempre contra el Estado».
Sorprende a esta Organización el comportamiento de la referida fiscal y lamenta que en el seno del Ministerio Público haya funcionarios que actúen en protección de conductas omisivas por parte del órgano electoral frente a las denuncias de violación de la ley.
A Transparencia Venezuela preocupa que algunos fiscales no investiguen o atiendan los casos basados en los hechos y las leyes, sino en resguardo de intereses partidistas. No es función de un fiscal desconocer un posible ilícito porque el denunciante no le gusta.
El abuso de los medios públicos para favorecer un parcialidad política es un acto violatorio de la ley, de la necesaria equidad electoral, y configura corrupción. Si además, se deja sin investigación y sanción, la impunidad es un corrosivo brutal de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.