Las decisiones del Comité de DDHH de Naciones Unidas no son de obligatorio cumplimiento para los Estados
Transparencia Venezuela, 11 de junio de 2021.- Ganar tiempo y evitar terminar en una cárcel de Estados Unidos. Este es el objetivo de la denuncia que la defensa del cuestionado empresario colombo-venezolano Álex Saab interpuso el pasado 7 de junio ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así lo aseguró el experto en Derechos Humanos, Jan-Michael Simon, quien recomendó a las autoridades de Cabo Verde que acudan a la instancia internacional y expongan sus argumentos.
“Si es que Cabo Verde le hace caso al Comité de Derechos Humanos, el señor Saab se quedaría dos años sin ser extraditado, pues este es un proceso largo”, afirmó el miembro del Instituto Max Planck, durante una conversación telefónica con Transparencia Venezuela.
El experto consideró que las autoridades del país africano podrían intentar que el Comité separe el proceso de admisión del asunto de fondo, si en realidad están interesadas en entregar a EE UU al empresario vinculado con negocios turbios con jerarcas chavistas. “Cabo Verde debería solicitar esto, porque en general un proceso de esta naturaleza durará mínimo dos años. Álex Saab estaría ganando dos años de tiempo (…) además el Comité podría retirar las medidas provisionales según la información suministrada por el Estado parte”, afirmó.
Saab, un empresario nacido en Colombia y naturalizado venezolano, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses desde 2019, específicamente por el Departamento de Justicia, por su supuesta implicación en una operación de lavado de millones de dólares y, desde 2017, investigaciones periodísticas lo asocian con millonarios contratos otorgados por el chavismo.
Aunque no han trascendido los argumentos de la defensa del empresario, la resolución del Comité – en la que piden a las autoridades caboverdianas abstenerse de extraditar al accionante y “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a atención médica adecuada, preferiblemente por médicos independientes y especializados de su elección”- deja en claro que la denuncia versa sobre las condiciones en las que está recluido el polémico empresario en el país africano.
Los representantes legales de Álex Saab, entre los que se encuentra el exjuez español Baltazar Garzón, sostienen que su aprehensión en 2020 fue ilegal, porque en ese momento cumplía una supuesta misión diplomática en Irán en representación del Gobierno de Nicolás Maduro. Maduro nombró al ahora detenido representante ante la Unión Africana, un anuncio del cual se tuvo conocimiento público tras la detención del empresario.
En la encrucijada
El Comité de Derechos Humanos es un órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento, por parte de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de los tratados internacionales de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El organismo puede recibir denuncias de ciudadanos y adoptar resoluciones para intentar subsanar eventuales violaciones a sus garantías fundamentales o evitar daños irreparables.
Las decisiones del Comité no son de obligatorio cumplimiento para los Estados. Así lo reconoció la propia instancia en 2018, cuando en relación a un caso sobre España, uno de sus miembros declaró: “Las medidas son un pedido del Comité y el Estado puede aceptarlas o no. Pero el Comité va a evaluar cómo el Estado ha respondido durante todo el procedimiento, incluso con respecto a las medidas cautelares”.
La catedrática española de Derecho Internacional Público, Cristina Izquierdo, en un artículo publicado en abril pasado, también reconoció que las resoluciones del Comité no son vinculantes, pero advirtió que las mismas al menos deben servir “para orientar la acción -si puede ser decidida- de nuestros poderes públicos” en materia de Derechos Humanos.
Venezuela figura entre los Estados que ha mantenido la tesis de que las decisiones de los comités y mecanismos de la ONU no son de obligatorio cumplimiento. Así a lo largo de los últimos años desacató abiertamente las peticiones de instancias como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias para liberar a personas como el dirigente opositor Leopoldo López o la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni.
Jan-Michael Simon reconoció que Cabo Verde podría perfectamente desacatar la petición del Comité, siguiendo el ejemplo venezolano, pero advirtió que este paso podría tener consecuencias. “Si se incumple la medida provisional estarían creando una víctima”, dijo.