Transparencia Venezuela, 09 de mayo de 2024.- La desaparición forzada, ese crimen de lesa humanidad que ocurre cuando un cuerpo policial o militar sustrae a una persona de su entorno y después no le permite contactar a sus familiares ni les informa a ellos de su paradero, no ha dejado de existir en Venezuela. Por el contrario, este delito tiende a aumentar de manera “alarmante” a medida que el país se acerca a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio, así lo denunciaron cinco expertas de Naciones Unidas.
«Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público (…) Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, afirmaron las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Forzadas e Involuntarias, Aua Baldé (Presidenta), Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez, en un comunicado de prensa.
Las expertas indicaron que la mayoría de los afectados son miembros de un partido político opositor.
Pese a que en el comunicado no se mencionó el nombre de la tolda involucrada, en lo que va de 2024 casi media docena de dirigentes de Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado, han sido apresados en varios estados del país, lo mismo que militares, sindicalistas y defensores de derechos humanos como la presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
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En la mayoría de los casos, los aprehendidos han permanecido días sin que se conozca a ciencia cierta dónde están, quién los capturó o su estado de salud y sin que puedan contactar a sus familiares ni abogados, todo lo cual es contrario a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 44 de la Constitución.
El caso de San Miguel es emblemático. En la madrugada del pasado 9 de febrero la defensora de derechos humanos se disponía a abordar un avión junto a su hija en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando fue aprehendida. Sin embargo, no fue sino hasta la tarde del día 11 de febrero que el Ministerio Público reconoció que había sido arrestada, es decir, pasaron más allá de las 48 horas establecidas en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para que se conociera oficialmente de su detención.
Tres meses después de su detención, San Miguel no ha podido designar a sus abogados de confianza y a éstos no se les ha permitido juramentarse ante el tribunal que lleva su caso. Tampoco se le ha permitido a San Miguel recibir asistencia consular, pues ella tiene nacionalidad española.
No importa el tiempo
Las expertas de la Naciones Unidas agregaron que privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley y “esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”.
La afirmación es contraria a la sostenida por el fiscal general Tarek William Saab, quien considera que no existen las “desapariciones forzadas de corta duración”.
El año pasado, al participar en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Saab admitió que en el país se han producido casos en los que “alguien es detenido y por algunas horas (y) según sus familiares, no aparece, pero luego aparece y está reseñado y presentado (ante los jueces)”, pero rechazó que esto sea una desaparición forzada y cuestionó el concepto de “desaparición forzada exprés”. Denunció que esta “mutación” del crimen de lesa humanidad tiene por fin “señalar a Venezuela”.
Más de una víctima
Las expertas de Naciones Unidas también recordaron que la desaparición forzada no sólo afecta a quien la padece, sino a su entorno.
“En estas situaciones, a menudo son las familias de las personas desaparecidas quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias”, dijeron las expertas.
“El Estado tiene la obligación de buscar y develar la verdad sobre las personas desaparecidas. La impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad”, remataron.
