Elsa Gómez Moreno, magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cometió un “error inexcusable” en el caso de corrupción que involucraba al excomandante del Ejército, general Víctor Cruz Weffer cuando era juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo a la sentencia 993 de la Sala Constitucional del TSJ del 11 de marzo de 2013, que determina que el funcionario no gozaba de prerrogativas procesales para el momento en que se inició la investigación por actos de corrupción.
Gómez Moreno, junto a Orlando Carvajal y Carlos A. Navarro, como integrantes de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, negaron la apelación que realizó el Ministerio Público por la causa asignada con el N° J25-679-12, el 23 de julio de 2012 en el Juzgado Vigésimo Quinto (25°), donde el Juez Wilmer José Wettel Cabeza, integrante de ese Juzgado del Circuito Judicial Penal, consideró que Weffer no podía ser juzgado por las imputaciones en su contra al tener prerrogativas procesales.
A pesar de la decisión de la Sala Constitucional que ordenó continuar el proceso judicial en contra de Cruz Weffer desde 2013 se ha mantenido un retraso procesal y judicial que lo ha beneficiado, generando impunidad sobre la acusación de corrupción que rodea su gestión en el Plan Bolívar 2000 y Fondur.
El Ministerio Público inició la investigación en su contra en 2002 tras una denuncia recibida en el Seniat, sobre irregularidades cometidas en los entes para los que trabajaba Cruz Weffer. De hecho, el funcionario no pudo justificar el aumento en 1.071 millones bolívares de su patrimonio (aproximadamente un millón de dólares en la época), equivalentes a 86% de los fondos que manejó entre 2000 y 2003.
Tres semanas después de que Cruz Weffer fuese imputado por el Ministerio Público (7 de mayo de 2007), desvió su trayectoria empresarial a Seychelles, un archipiélago del Océano Índico, donde registró a su nombre la empresa Univers Investment Ltd, con un capital de 50 mil dólares, según publica Runrunes.
Adicionalmente, existe otra funcionaria que ha apoyado judicialmente a Cruz Weffer en el pasado. Se trata de la Bárbara Gabriela César Siero, magistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ, quien fungió como defensora público agrario del General por un caso en el que el Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal demandaba a Criadero Villa de Lobos, C.A. (propiedad de Víctor Cruz Weffer) por un préstamo otorgado por un monto de1.400.000.000,00 bolívares que sería invertido en operaciones de legítimo carácter agrícola.