Transparencia Venezuela, 30 de enero de 2023.- “A confesión de parte, relevo de prueba”. De aplicar el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, este axioma del derecho penal habrá llegado a la conclusión de que la sociedad civil organizada venezolana está en serio riesgo. ¿El motivo? Durante el desarrollo de su primera visita Venezuela, entre el 26 y 28 de enero, una activista de organizaciones de gubernamentales fue arrestada tras participar en una reunión con él, aunque a las horas fue liberada.
La afectada fue la María Fernanda Rodríguez quien es profesora de la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet) y además es integrante de la asociación civil Sinergia y del programa de formación Lidera, una de las iniciativas que el diputado oficialista Diosdado Cabello señaló de recibir financiamiento del Gobierno de Estados Unidos para “desestabilizar”.
El viernes María Fernanda Rodríguez fue aprehendida por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en virtud de una supuesta orden de captura que pesaba sobre ella desde el año 2020.
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La medida la habría dictado el Tribunal 4 de Control de Caracas con competencia en asuntos de Terrorismo, donde cursaría una investigación contra la activista de la sociedad civil organizada por “traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero y tráfico ilícito de armas de guerra”.
No obstante, horas después fue liberada, según un reporte desde la asociación Sinergia.
La activista y defensora María Fernanda Rodríguez ha sido #liberada. Su detención nunca debió ocurrir, viola el derecho a la libertad y a su integridad personal. Exigimos el cese el acoso y la persecución.
— Sinergia, Red Venezolana de OSC (@acsinergia) January 27, 2023
El incidente permitió a un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas resaltar los riesgos a los que se exponen por ejercer sus derechos a la asociación, participación en los asuntos públicos y libertad de expresión.
“Esperamos que toda la sociedad entienda la gravedad de lo que implica que una persona que defiende Derechos Humanos se reúna con el Alto Comisionado y que por participar en esa reunión sea detenida”, afirmó Lexys Rondón del Laboratorio de Paz, en una declaración a la prensa realizada viernes 27 de enero
“Todo aquel que disienta es tratado desde la mirada del enemigo interno, del traidor a la patria”, agregó la representante de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
La aprehensión de la profesora y activista María Fernanda Rodríguez se produce días después de que funcionarios policiales irrumpiera en la casa del jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Meza, para luego trasladarlo a una sede policial para someterlo a un interrogatorio por un reportaje publicado en este medio, sobre los presuntos testaferros del hijo de Nicolás Maduro.
El riesgo Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines
Pero las detenciones no es el último peligro que afrontan los activistas y las organizaciones civiles en Venezuela. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, que el 24 de enero de 2023 fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2020, es otro riesgo que enfrentan las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
“El espacio cívico venezolano está en riesgo. Esta ley significa el control absoluto de las voces del país y constituir uno de los mayores retrocesos de las libertades democráticas”, agregó Lexys Rondón del Laboratorio de Paz.
Por su parte, Andrea Santacruz de la asociación Civilis Derechos Humanos le pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk que interceda ante las autoridades venezolanas para que desistan de sus planes de aprobar esta ley, por considerar que busca que “la sociedad venezolana sea abandonada”.
“No es cierto que las ONG no están regularizadas. Estamos registradas en el marco regulatorio que rige desde hace años”, agregó luego Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, en respuesta al argumento que dio el diputado Diosdado Cabello para presentar el texto: “La ley va a poner las reglas claras”.
Peticiones al Alto Comisionado de la ONU
Andrea Santacruz informó que un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas le entregaron una carta al Alto Comisionado de la ONU en la que pidieron al funcionario que exija a las autoridades que pongan en marcha las recomendaciones que su antecesora, Michelle Bachelet, les formuló en sus distintos informes, para evitar que se sigan repitiendo las violaciones a los Derechos Humanos.
También lo llamaron a pedirle al Gobierno de Nicolás Maduro que permita la visita de los relatores y expertos de la Organización Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación de Venezuela.
Por último, la activista dijo que las organizaciones de la sociedad civil venezolana solicitaron a Volker Turk que inste a los distintos poderes públicos venezolanos que implementen las sugerencias que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó tras las elecciones regionales de 2021, con miras a fortalecer el sistema electoral de cara a las presidenciales de 2024 y las parlamentarias de 2025.
Durante su visita el Alto Comisionado de la ONU mantuvo encuentros con Nicolás Maduro, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; con el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab; y con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez.
