Transparencia Venezuela, 27 de febrero de 2023.- 441. Ese es el número de víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Venezuela que han acudido a la Corte Penal Internacional (CPI) a exponer sus casos.
La cifra de los casos la ofreció la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones del juzgado (VPRS, por las siglas en inglés) de la CPI, que el pasado 20 de febrero de 2023 público un segundo balance del proceso de recepción de información dirigido hacia los presuntos afectados por los sucesos que investiga el organismo, el cual comenzó el pasado 18 de noviembre y culminará el próximo día 7 de marzo, por lo que esa cifra se incrementaría.
Las personas que hayan sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas, o los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales deberán contestar un formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la CPI y enviarlo por vía electrónica al organismo. El instrumento puede ser respondido en español, aunque hacerlo en inglés facilitará el proceso, aseguraron desde la CPI.
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“Entre el 13 de enero y el 14 de febrero de 2023 la VPRS realizó una evaluación preliminar de 80 formularios”, explicó la instancia perteneciente a la CPI, e indicó que 56 de los cuestionarios fueron respondidos grupalmente; es decir contenían información de más de una persona.
A favor de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El procedimiento no solo persigue identificar a las posibles víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2017, sino que también busca conocer si ellas consideran que las autoridades venezolanas están investigando los hechos o si creen que debería hacerlo la oficina de Karim Khan, fiscal de la CPI.
Sobre esto último la respuesta hasta el momento es demoledora: “En todos los cuestionarios se apoya la petición de la Fiscalía de la CPI (de investigar los hechos ocurridos en Venezuela)”, informó la VPRS en su reporte.
Karim Khan considera que las autoridades venezolanas no están investigando seriamente los crímenes ocurridos en el país y que la reapertura de algunos casos y condenas proferidas en los últimos meses son insuficientes. Así lo dejó en claro en un documento que el pasado 1 de noviembre le envió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI y en el cual solicita autorización para continuar sus investigaciones en relación con lo ocurrido en Venezuela.
El Fiscal de la CPI sustentó su opinión en las propias cifras que el Ministerio Público venezolano le ha suministrado y que corroboran que la lentitud de la justicia. Así de los 893 casos abiertos, 606 (67,86%) se hallan en fase de investigación, en 764 (85,55%) ni siquiera se ha logrado determinar a los autores de los crímenes, pese a que ha transcurrido más de un lustro de los hechos; y solamente 23 (2,58%) han terminado con una sentencia.
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Karim Khan tampoco ignoró que las investigaciones y juicios realizados en Venezuela hasta el momento han estado dirigidos exclusivamente contra funcionarios de menor jerarquía. “Parece que las autoridades venezolanas no han investigado a funcionarios en posiciones medias o altas de autoridad en el aparato del Estado que también podrían ser responsables penalmente por la comisión de los delitos, ya sea directa o indirectamente”, se quejó el Fiscal de la CPI.
En la CPI están tentos a los últimos acontecimientos
Pero la VPRS no solo ha recibido información sobre los abusos ocurridos en los últimos años, sino también sobre amenazas más recientes como el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el pasado 24 de enero.
El instrumento impone a las organizaciones civiles una serie de nuevos trámites burocráticos que en la práctica harán imposible la operación de la mayoría de ellas.
El 31 de marzo próximo la VPRS deberán presentarle a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI un informe sobre la información recabada.
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