Transparencia Venezuela, 25 de enero de 2021.- Inocente. Así declaró el Tribunal 2 de Juicio de Los Teques al tuitero Pedro Jaimes Criollo, quien el 10 de mayo de 2018 fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y permaneció más de un año preso, por difundir la ruta del avión presidencial que obtuvo en una página web con contenido no restringido.
La decisión del juzgado, que conlleva la libertad plena del acusado, se produjo el 21 de enero de 2021, informó la organización Espacio Público.
“La Fiscalía no presentó pruebas que demuestren de qué manera Pedro Jaimes violó la operatividad aeronáutica civil, si espió o interfirió ilícitamente en instrumentos aéreos”, explicó el abogado defensor e integrante del equipo de defensores de Espacio Público, Amado Vivas, quien – aunque se mostró satisfecho con la resolución- advirtió que la decisión del tribunal no supone para ellos el punto final del asunto, porque desde la organización encargada de la defensa de la libertad de expresión anunciaron que iniciaran acciones para que el Estado repare el daño ocasionado a Jaimes Criollo.
Haciendo memoria
Jaimes Criollo, quien es aficionado a la aviación y a la meteorología, fue detenido sin orden judicial el 10 de mayo de 2018, siete días después de publicar en su cuenta de Twitter @AereoMeteo la ruta del avión presidencial, que obtuvo a través del portal Flight Radar 24, que muestra datos reales del tráfico aéreo en el mundo.
Por 35 días el tuitero fue víctima de desaparición forzada, hasta que el gobierno de Nicolás Maduro reveló que lo tenía recluido en El Helicoide, una de las sedes del servicio de inteligencia, Sebin. Durante su cautiverio fue víctima de tortura y malos tratos, por parte de los funcionarios de ese organismo de seguridad del Estado, quienes propinaron golpizas al detenido y hasta le fracturaron una costilla.
El Ministerio Público no reparó en las torturas, pero sí lo acusó por la presunta comisión de los delitos de espionaje informático, revelación de secretos militares e interferencia en la operatividad de la aeronáutica civil. Señalamientos que sus defensores rechazaron. “La información divulgada por Jaimes no está restringida; sin embargo, el Fiscal Marlon Mora actuó en contra de la ley durante la audiencia preliminar, lo que llevó a juicio al tuitero bajo argumentos que no estaban sustentados por pruebas. En efecto, el expediente del caso no demuestra nexo causal entre los delitos imputados y la supuesta interferencia, espionaje, o revelación de secretos”, apuntó Espacio Público.
El caso de Jaimes Criollo terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, instancias que pidieron a las autoridades chavistas liberar al detenido e investigar los malos tratos que habría recibido. Peticiones que fueron desatendidas en forma clara y evidente.
En 2019, el tuitero fue excarcelado por orden de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, pero permaneció detenido en su domicilio.
Mucho que reparar
Espacio Público dejó ver que el fallo absolutorio no es el final del asunto, porque ahora se buscará que el Estado repare a Jaimes Criollo por el daño que sufrió dentro de lo que califican de “injusto”.
“En su caso se cuentan múltiples violaciones del derecho al debido proceso, tratos crueles, inhumanos o degradantes; falta de atención médica, tortura, violación de su derecho a la defensa y otras violaciones a sus Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de remediar la situación de Pedro Jaimes, reparar los daños según lo establecido en la legislación Internacional, e indemnizar al tuitero, como lo exigió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU”, apuntó la organización en un comunicado.
El artículo 30 de la Constitución de Venezuela es claro al señalar: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios”.
Jaimes Criollo es una de los 86 ciudadanos que han terminado tras las rejas en Venezuela por publicaciones en redes sociales entre enero de 2009 y el 15 de noviembre de 2020; su caso muestra la voluntad del Estado de perseguir y silenciar a quienes divulguen información que les sea incómoda, denunció Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).