Donde dije digo, ahora digo Diego. En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no son pocos los que siguen este refrán castizo a la hora de sentenciar y una de ellas es la presidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Marjorie Calderón, quien en 2015 dejó a muchos sorprendidos a dictar una sentencia y semanas después dictar otra donde modificaba el dictamen.
El 25 de mayo de 2015, la instancia publicó la sentencia 336, redactada por su presidenta, en la cual daba por cerrado el avocamiento que en 2004 le solicitó el abogado Emilio Bolívar García, por considerar que ya había tomado las medidas para solventar el “desorden procesal” que el profesional del derecho denunció que existía en un juicio por cobro de prestaciones sociales, daños y perjuicios y daño moral que en el año 2000 interpuso ante los tribunales laborales contra el entonces bufete de abogados Macleod Dixon, hoy llamado Norton Rose Fulbright, de donde fue despedido injustificadamente.
En su dictamen la acordó remitir el asunto a un nuevo juzgado de juicio del Trabajo y le ordenó que al momento de decidir tome en consideración una serie de pruebas que no habían sido analizadas por los otros jueces que tuvieron el caso en sus manos previamente.
Sin embargo, el 16 de junio la magistrada Calderón al responder una aclaratoria que Bolívar interpuso decidió, en su sentencia 405, “dejar sin efecto el pronunciamiento referido a la terminación del avocamiento”, alegando que “la justicia debe ser expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos inútiles”.
Con esta última resolución la funcionaria abrió las puertas para que el TSJ siga revisando este caso, el cual tiene casi 16 años paseando por distintos juzgados y le ha valido a la República un jalón de orejas de parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a donde García y su hermano acudieron en 2011 para denunciar denegación de justicia.
El pronunciamiento, no obstante, representa una violación flagrante el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni modificarla el Tribunal que la haya pronunciado”.
La actuación de Calderón, así como de los otros dos magistrados que firmaron este fallo (Edgar Gavidia, Danilo Mojica, Bettys Luna y Mónica Misticchio), encuadra en un error inexcusable a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Los hermanos García sospechan que su juicio se ha empantanado en los tribunales laborales debido a que en el bufetetrabajan Ana Victoria Perdomo, hija del magistrado emérito de la Sala Social precisamente, Juan Rafael Perdomo; y EmiraEljuri, hija del expresidente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así lo denunciaron a El Universal en 2011.
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