Ninguno de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la Asamblea Nacional designó el pasado 21 de julio ha podido juramentarse y mucho menos participar en una audiencia o decidir un caso. Ni siquiera han podido acercarse al máximo juzgado ni podrán hacerlo por ahora, pues sobre ellos se ha desatado una cacería de brujas ordenada, de manera irregular, por la Sala Constitucional, la cual los acusó de incurrir “usurpación de funciones” y “traición a la patria”.
Hasta ahora tres funcionarios han sido detenidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tres se han refugiado en una embajada, otro se fue del país y los otros 26 permanecen ocultos.
El primero en ser arrestado fue Ángel Zerpa, quien menos de 24 horas después de haber sido juramentado como miembro de la Sala Política Administrativa, fue aprehendido por funcionarios del organismo de seguridad cuando viajaba en carro con su hermana. Este procedimiento fue calificado como una “desaparición forzada” por el Ministerio Público, por cuanto el mismo se ejecutó sin orden judicial y no se le notificó.
Horas después se confirmó que Zerpa estaba en El Helicoide y que su caso sería llevado por la justicia militar, el cual le impidió estar representado por un abogado de su confianza. El procesamiento del penalista por un juzgado castrense fue rechazado por el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz, el cual, el 26 de julio anunció que interpuso ante la Corte Marcial un recurso de amparo para conseguir que éste, por ser civil, sea puesto a disposición de un juez ordinario.
La Constitución, en su artículo 261, es clara al establecer: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
La petición de la Fiscalía aún no ha sido respondida
Cuatro días después la Asamblea Nacional anunció que el Sebin detuvo en Anzoátegui a Jesús Rojas Torres, juramentado ante la AN como miembro principal de la Sala Electoral y a Zuleima González, suplente de la Sala Constitucional.
Dos días después, el 27 de julio, el magistrado principal de la Sala Penal, Alejandro Rebolledo, apareció en Washington (Estados Unidos) solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas protección para los designados, en virtud de las amenazas lanzadas por el presidente Nicolás Maduro.
“Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro, y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo. Y nadie los va a defender porque hoy los utilizan y mañana los botan”, declaró Maduro al referirse a los nombramientos.
Por último, en la embajada de Chile en Caracas han ingresado tres magistrados desde el 29 de julio. La primera fue la miembro principal de la Sala Constitucional, Elenis Rodríguez, y los últimos, Beatriz Ruiz Marín y José Fernando Núñez, quienes entraron en la noche del 1 de agosto, informó el canciller del país andino, Heraldo Muñoz.
Ruiz Marín es suplente de la Sala Penal, mientras que Núñez es suplente de la Sala Político Administrativa.
El resto de los designados permanecen ocultos y en paradero desconocido.
Hasta el 23 de julio el Foro Penal Venezolano contabilizaba más de 444 presos políticos, cifra que seguramente se incrementará ahora que el Gobierno logró su objetivo de imponer su cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
“Se acabó el sabotaje de la Asamblea Nacional, se acabó lo que se daba. Ellos seguirán en su locura. Algunos terminaran en una celda y otros en el psiquiátrico. Hay que poner orden, llegó la Constituyente, necesitamos justicia”, soltó Maduro nada más conocer los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que aseguraban que más de 8 millones de personas participaron en la cuestionada elección.
